El exdirector de Excal, Alberto Esgueva, declara este jueves como como investigado por la 'trama eólica' de CyL

El que fuera director de ADE Internacional EXCAL entre 2003 y 2006, Alberto Esgueva, comparecerá este jueves, 15 de junio, en el Juzgado de Instrucción número 4 para declarar en calidad de investigado por la denominada 'trama eólica' que tiene en el 'punto de mira', por el momento, a una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos de la Junta, por el pago de comisiones de 80 millones de euros por la tramitación de parques eólicos entre 2000 y 2015.

Fiscalía Anticorrupción imputa a Alberto Esgueva, hoy con negocios inmobiliarios en Polonia y también inmerso como investigado en el caso de 'La Perla Negra', el cobro de 47,1 millones de euros con motivo de las operaciones supuestamente delictivas desarrolladas al amparo de la 'trama eólica'.

En concreto, Alberto y su hermano Francisco, también investigado en ambas causas, compartieron con Iberdrola la empresa Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por Biovent Holding, filial de la eléctrica, y en un 40 por ciento por el Grupo San Cayetano, mercantil de los Esgueva.

Esta última habría obtenido de su socia--a través de Biovent y de Ibercyl, ambas filiales de Iberdrola--más de 47 millones de euros después de que, una vez logrado entrar en el accionariado de la eléctrica y obtenidas de la Junta las autorizaciones de distintos parques, revendieran sus acciones a la eléctrica en el marco de una operación que inicialmente tan sólo supuso para ellos un coste de 24.000 euros.

Y es que la querella de Anticorrupción recoge de forma taxativa la convicción de que los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, se veían obligados a ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que se exigía fuera próxima al 40%, y es ahí donde, supuestamente, entraban en escena mercantiles cuyos responsables eran del círculo de amistades del entonces viceconsejero y luego secretario general de Economía, Rafael Delgado.

"Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaban interesados en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas", advertía la referida querella que tiene su origen en un informe-denuncia elaborado por el Servicio Territorial de Valladolid de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT).

Precisamente, el turno de interrogatorios lo abrió el pasado día 2 de junio, también como investigado, Rafael Delgado, quien responsabilizó a su entonces jefe, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, de dar la orden expresa para que las grandes eléctricas repartieran el "melón" del sector eólico con empresarios locales, lo que, según Fiscalía Anticorrupción, degeneró en el pago de comisiones millonarias que están siendo objeto de investigación judicial.

Tal declaración llevó este martes a la juez del caso, a petición del Fiscal Anticorrupción, a citar a Villanueva como investigado para el próximo día 18 de octubre, a partir de las 09.30 horas.

La investigación, que analiza presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, recayó en Instrucción número 4 a raíz de la querella interpuesta por Fiscalía Anticorrupción.

La juez fijó la causa como compleja y amplió a 18 meses la instrucción, al tiempo que aceptó la personación de la Agencia Tributaria como acusación particular, rechazó la de la Junta por no considerarla perjudicada y en cambio aceptó como acusación popular, previo pago de una fianza de 3.000 euros, al colectivo Ecologistas en Acción.

Además de la declaración este jueves de Alberto Esgueva, a partir de las 11.30 horas, la segunda tras la que ya prestó en Madrid ante el Fiscal Anticorrupción, está prevista también como investigado la del abogado Jesús Rodríguez Recio y la de Tomás Ciria Garcés, éste en calidad de testigo.

El calendario de citaciones continuará el 21 de junio con el turno de los testigos Ricardo González Mantero, Mariano Muñoz Fernández y Javier Mazo Herrera, mientras que el 28 comparecerán como investigados el aludido Francisco Esgueva, el intermediario de Zarapicos Golf y las empresas de Delgado Marc Nadelar y el exjefe del Servicio Territorial de Industria en Soria Gabriel Ángel Jiménez Martínez.

Ya en el mes de julio, el día 5 declararán los empresarios investigados Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico y Carlos Galdón, en tanto que el 7 lo harán los testigos Sergio Gonzalo de Mercado, Eugenio Bartolomé Llorente y Félix Urrea.

Los investigados María del Mar Moreno --esposa de Alberto Esgueva--, el exdirector de Energía y Minas de la Junta Manuel Ordóñez y Patricio Llorente Muñoz declararán el 14 de julio, en tanto que el 26 lo harán Alejandro Llorente, Miguel Ángel Llorente y Ricardo Bravo.

Por último, en septiembre se han fijado dos días de comparecencias, el primero el 20, cuando declararán los investigados Rafael Icaza de la Sota, Xabier Viteri Solaum y Pedro Barriuso Otaola, y el segundo el 27, con la presencia, también como investigados, de Eduardo Merigó González, José Pérez Arizaga y el exdirector general de Deportes de la Junta Andrés Martín Paz.