Exparlamentarios piden reforzar la Nación en la Constitución y un sistema electoral que prime partidos estatales

La Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales considera necesario reformar la Constitución para ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y las instituciones democráticas y, entre otros puntos, piden retocar sus dos primeros artículos para explicitar "la soberanía nacional y la Nación española", así como un sistema electoral que prime a los partidos de ámbito nacional sobre los nacionalistas.

"Es conveniente armonizar el lenguaje y los conceptos de soberanía nacional y Nación española, de tal forma que si de la Nación española se predica su indisoluble unidad, patria común e indivisible, y que en ella reside la soberanía nacional, es procedente afirmar que la soberanía es única, indisoluble e indivisible", reza el texto aprobado por la Asamblea General de la asociación, de la que forman parte exparlamentarios de todo el espectro político, y que se ha reunido este viernes en el Congreso.

Uno de los epígrafes del documento, al que tuvo acceso Europa Press, subraya la conveniencia de "garantizar la representación de la Nación en las instituciones", especialmente en el Congreso, como sede de la soberanía nacional. "Es inexcusable reconsiderar y eliminar aquellas restricciones y obstáculos que constriñen la representación de la unidad de la Nación española, su cohesión y la defensa de los intereses generales, singularmente las que se derivan de la circunscripción electoral provincial", aseveran.

En este sentido, denuncian que ahora la representación del pluralismo político no "es equitativa ni proporcional" porque priman los partidos que niegan la unidad de la Nación "al amparo de su implantación en muy contadas provincias".

SALUD Y MATRIMONIO, DERECHOS FUNDAMENTALES

Por eso, apuntan a una reforma del sistema electoral que potencie "la circunscripción única nacional" y que limite a "un número muy reducido los diputados elegidos en la circunscripción provincial". El objetivo: "Preservar la cohesión de la Nación y los intereses generales, favoreciendo la proporcionalidad y las listas de partidos en el Congreso que cohesionan el territorio nacional y son más representativos de la Nación española".

También recomiendan la reforma del preámbulo de la Carta Magna para incorporar la "solidaridad y la cooperación" entre los valores supremos del orden ético político, así como adaptar el texto constitucional a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, de manera que se eleven a esta categoría el derecho al matrimonio, a la salud y la atención sanitaria y la igualdad de género. Este último punto contra la discriminación por razón de sexos debería plasmarse también el título sobre la Corona para eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono.

Respecto a los conceptos de igualdad, equidad y solidaridad entre españoles, los exparlamentarios recomiendan "reconsiderar determinadas interpretaciones relativa a la regulación de la fiscalidad y derechos históricos que los amparen".

CUADROS DE PARTIDO ELEGIDOS POR MÉRITO Y CAPACIDAD

En el documento no faltan referencias a la corrupción. Y para contribuir a atajarla sugieren una nueva redacción del artículo 6 relativo a los partidos políticos para remarcar los conceptos de "democracia interna, transparencia, recta administración, buen gobierno", así como la "formación y selección de cuadros dirigentes conforme a capacidad, mérito y trabajo".

Los antiguos parlamentarios, que señalan como una de las causas de la desafección el incumplimiento de los compromisos electorales, aconsejan "limitar el alcance del poder de los partidos en determinadas instituciones" para preservar la separación de poderes, y defienden como "inaplazable" el hacer efectiva "la exigencia de responsabilidad civil, penal y política" de las formaciones políticas en su condición de personas jurídicas.

Asimismo, defienden reformar el Tribunal de Cuentas, la intervención general del Estado y los órganos reguladores para garantizar su independencia, y que las obligaciones de transparencia alcancen a la Corona, las confesiones religiosas y los agentes sociales.

Por otra parte, en el documento sobre economía aprobado en el mismo encuentro, los antiguos diputados y senadores abogan por acometer "con urgencia y decisión" una reforma de las administraciones públicas que sirva para realizar una reducción "efectiva" de la estructura del Estado, que comience por la eliminación de algunos ministerios, y que incluya también una revisión del actual marco competencial.

ACUERDO CONTRA LA CRISIS

Los antiguos diputados y senadores instan a los líderes políticos a promover un acuerdo "lo más amplio posible" entre las fuerzas políticas y sociales para "relanzar" la economía española y hacer frente a la "extrema gravedad" de la crisis.

Aunque defienden las ventajas que ha tenido para España su integración en la Unión Europea, avisan de que la construcción y el proyecto europeos pueden "fracasar" por la gestión de la crisis y, en este sentido, llaman a consolidar un modelo económico y social basado en la solidaridad, la responsabilidad y la competitividad y el bienestar social.

Por eso, reclaman que España sea "beligerante ante Europa para que las políticas de austeridad se acompañen de otras de estímulo" y demandan que el Gobierno y la oposición comparezcan periódicamente en los medios "compartiendo las bases mínimas del proyecto de recuperación de España y explicándoselo a los ciudadanos". A su juicio, no se puede seguir pidiendo esfuerzos a la ciudadanía hurtándole participación e información.

MODERACIÓN SALARIAL

Además, apuestan por pactar un plan económico que sirva para impulsar el crecimiento y reducir el paro lo antes posible, aumentar la productividad y la competitividad mediante la moderación de rentas, salarios y precios, mantener la disciplina presupuestaria en todas las administraciones y modular la austeridad en aquellos aspectos básicos del Estado de Bienestar.

Otro de los ámbitos de actuación han de ser las administraciones públicas. Aquí defienden la supresión de niveles de las administraciones y organizaciones, "haciendo realidad el principio de un órgano para cada función".

"Hay que revisar nuevamente el cuadro competencial que tiende a disminuir la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas, así como las estructura, órganos, empresas públicas y todo lo que resulte innecesario