Expertos ven escasa la ley de altos cargos y piden más control en el ámbito autonómico y local, donde hay más corrupción

Los catedráticos de Derecho Administrativo que han comparecido este jueves ante la Comisión Constitucional del Congreso han coincidido en considerar insuficiente la regulación sobre el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado propuesta por el Gobierno y han subrayado la conveniencia de extender las medidas de control a los altos cargos autonómicos y locales, ya que es en éstos ámbitos donde se producen más casos de corrupción.

Esta es la tesis que han defendido el catedrático de la Universidad Carlos III, Marcos Vaquer, invitado a instancias del PSOE, y su colega de la Universidad Oberta de Catalunya Agustí Cerrilo, cuya comparecencia ha propuesto CiU.

Aunque ambos han reconocido la autonomía de comunidades y ayuntamientos, Vaquer ha abogado por que se pueda dar carácter básico (de aplicación en todo el Estado) a parte de la futura Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, de manera que, sin "rayar la inconstitucionalidad", obligue también a los cargos públicos locales y autonómicos.

"Se detecta más corrupción en el ámbito político local y autonómico que en el estatal", ha comentado Cerrillo, quien ha atribuido esta circunstancia a que existen más controles preventivos en la administración central. Por eso ha defendido extender, dentro de lo constitucionalmente posible, la futura ley a todas las administraciones.

Eso sí, ha señalado que tanto la nueva Ley de Régimen Local como algunas normas autonómicas ya han incluido medidas en esta materia por lo que considera que quizá habría que evaluar el funcionamiento de las mismas antes de hacer una regulación básica.

MÁS LAXO CON EL PATRIMONIO DE FAMILIARES

Vaquer, Cerrillo y el tercer catedrático de Derecho Administrativo que ha acudido al Congreso, Andrés Betancor, de la Universidad Pompeu Fabra --propuesto por el PP-- han reclamado una legislación más ambiciosa en esta materia, sobre todo en lo relativo al régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses, ya que creen que en algunos aspectos se retrocede respecto a la normativa actual.

Para Betancor, en lo que se refiere al régimen de conflicto de intereses, el texto del gobierno sólo incluye mejoras técnicas respecto a la legislación vigente y, aunque reconoce avances en las limitaciones patrimoniales que se imponen a los altos cargos, alerta que de que en ciertos aspectos la futura ley es menos restrictiva que la vigente.

Uno de ellos es el que afecta al patrimonio de los familiares de los cargos públicos, al que también ha aludido Cerrillo, quien ha criticado que con el nuevo proyecto los cónyuges del responsable público ya no tengan que presentar, siquiera voluntariamente como hasta ahora, su declaración de bienes, un trámite que, a su juicio, debería ser obligatorio "en la medida en que algunos casos de corrupción están vinculados no al alto cargo sino a su esfera de relaciones personales o familiares".

MÁS CONTROL SOBRE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Por su parte, Cerrillo ha pedido "más ambición" en la definición de un código de conducta de los altos cargos y en la evaluación de su cumplimiento en aras a que desarrollen su actividad con "responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas".

También Vaquer ha demandado que se aproveche para desarrollar el Estatuto del Personal Directivo de la Administración, que está previsto en el Estatuto Básico del Empleado Públicom y un mayor control sobre los contratos públicos, sobre todo si exceden una legislatura y van a afectar a gobierno futuros.

Respecto al fenómeno de la conocida como 'puerta giratoria', el tránsito del sector público al privado, Betancor, que ha apuntado que hay contabilizados 43 antiguos altos cargos que han acabado en empresas energéticas, ha llamado la atención sobre el hecho de que, si bien el proyecto del Gobierno plantea un régimen más restrictivo, no aplica el mismo para todo el colectivo de altos cargos.

LO MISMO PARA CARGOS ALTOS Y MEDIOS

Así ha señalado que la futura ley es más dura para los altos cargos de organismos reguladores --que no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión o regulación--, pero sólo para aquellos que hayan sido miembros o titulares de dichos organismos y no para los directores generales o los secretarios generales de los mismos. A su juicio, es un "error" no tener un régimen común en esta materia.

También Vaquer ha solicitado que se unifiquen criterios en el ámbito subjetivo de aplicación de la norma y que determinadas reglas como las relativas a las compensaciones por cese y los gastos protocolarios obliguen tanto a los cargos más altos como a los intermedios. "No vaya a ser que hagamos a los subordinados de mejor condición que sus jefes", ha avisado.

Además, Vaquer considera "ineficaz" la "declaración responsable de idoneidad, honorabilidad, formación y experiencia" que tendrán que hacer quienes aspiren a un alto cargo. A su juicio, la formación y la experiencia deben ser acreditadas mediante documentos y no a través de una declaración 'voluntaria'. Asimismo, ha puesto en duda que un aspirante "poco honorable" admita esa condición en una declaración hecha por él mismo.

Por su parte, Cerrillo ha destacado que la nueva definición de 'conflictos de intereses' es más restrictiva en el proyecto que en la ley vigente, lo que puede dar lugar a "algunos problemas" y ha pedido que no se circunscriba sólo a la toma de decisiones de los altos cargos, sino a todas sus actuaciones.

Por último, Betancor ha invitado a sus señorías a hacer caso de la recomendación del Consejo de Estado que ha abogado por dejar fuera de esta norma la regulación sobre el uso de los coches oficiales.