FACUA reclama al Gobierno que elimine las tasas judiciales y aclare el destino de los 512 millones recaudados

Además, ha exigido al Ministerio de Justicia que aclare el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de esta tasa y ha recordado que, tal y como anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón, tendrían que haber servido para financiar la justicia gratuita.

Sin embargo, la asociación ha señalado, a través de un comunicado, que el pasado 12 de febrero Justicia indicó que "el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del Congreso".

INACEPTABLE QUE NO ACLARÉ EN QUÉ SE HA UTILIZADO

En este sentido, FACUA ha advertido que considera inaceptable que el Gobierno no aclaré para qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de esta medida que "ha limitado el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tienen los ciudadanos".

A su juicio, a este hecho se une la "falta de recursos materiales y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes carencias y retrasos, Y dejan en evidencia que no han sido el destino de los fondos recaudados".

La asociación ha rechazado la respuesta del Ministerio, que ha indicado que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y ha exigido al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces, abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.

Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de demandas civiles y contencioso-administrativas.

Para FACUA esta ley, recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de numerosas comunidades autónomas, "vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española".

Esto es, ha dicho la asociación, que impide el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia para defender sus legítimos intereses. Además, ha recordado que la Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido. Finalmente, la asociación ha subrayado que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarla en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.