El juicio del caso 'Facturas' se retoma este lunes con la declaración del exvicepresidente de Diputación de Almería

La vista oral se retoma ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial después de la sesión celebrada el 8 de noviembre para que las partes planteasen cuestiones previas, que se resolvieron con la admisión de testificales y de documentales, así como el archivo provisional de la causa para uno de los 19 acusados debido a su estado de salud.

El Ministerio Público acusa a Pérez y González de urdir un "plan por el que se habrían apropiado" de más de 763.000 euros de fondos públicos de la institución "para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas y sostiene que emplearon dos mecanismos; el principal, con el que habrían sustraído a la Diputación Provincial la cuantía de 690.202,65 euros, había consistido en "concertar" con empresarios que contrataban con el Patronato la elaboración de facturas por "unos servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban".

Al margen de este método, el exvicepresidente de la Diputación y la exsecretaria del patronato habrían ideado otro sistema para "apropiarse o destinar fondos públicos a fines particulares y por completo ajenos a la que era la actividad del organismo" mediante la utilización del "anticipo de caja fija". La cantidad defraudada en este caso sería de 73.000 euros.

En la misma sesión también está previsto que declaren los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos, quienes se enfrentan a siete años de cárcel, además de cuantías en concepto de responsabilidad civil del 363.460,22 y 363.460,22 euros.

Este martes está previsto que comparezca ante el tribunal, entre otros de los 18 encausados, el también empresario Joaquín Conde, de 'Publifiestas Conde', a quien la Fiscalía atribuye el haberse hecho presuntamente de manera fraudulenta con 595.996,5 euros de dinero público mediante la confección de facturas simuladas entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez Montoya, bien por González Rivera.

El primero habría aprobado además 15 expedientes de contratación menor y gasto para bienes que "no iban a ser entregados al patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy inferior al reflejado en los expedientes" a favor de la empresa de Conde, para quien el Ministerio Público solicita siete años y siete meses de prisión.

En la quinta sesión, señalada el día 15 de diciembre, declarará el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona, quienes habría acordado que el Patronato de Turismo "se hiciera cargo de una deuda de 25.000 euros que el equipo mantenía con la agencia Leitour Viajes".

Por estos hechos, Sedeño y Carmona se enfrentan a penas de tres años de prisión y de ocho años de inhabilitación absoluta, además de a responsabilidades civiles de 25.611 euros cada uno.

La práctica de la prueba testifical se llevará a cabo a partir del día 16 de diciembre y se prolongará durante ocho sesiones. La comparecencia en calidad de testigo de quien fuera presidente de la Diputación Provincial, el socialista Juan Carlos Usero, está prevista el día 21.

La diligencia de ordenación dictada por la Sección Tercera, de 10 de febrero, fija para la práctica de periciales policiales y de parte los días 15 y 16 de enero mientras que las conclusiones e informes se emitirán el día 17 de enero de 2018.

ACUSACIÓN FISCAL

Luis Pérez Montoya y María Teresa González están procesados por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado.

A la exsecretaria se le imputa, asimismo, la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos ya que, supuestamente, habría "ordenado" a un empleado del Patronato "la destrucción de abundante documentación oficial" que extrajo del archivo que custodiaba "en junio de 2011, tras la celebración de elecciones locales que motivaban un cambio de gobierno en la Diputación y para dificultar el descubrimiento de la trama".

En concreto, indica la Fiscalía que entre la documentación destruida se encontraban todos los expedientes relativos a anticipos de caja fija de los años 2009 a 2010, los expedientes relativos a los viajes contratados con la agencia de viajes Leitour y los expedientes relativos a relaciones de facturas de 2009 a 2010.

La Fiscalía, al margen de la pena privativa de libertad, interesa la inhabilitación absoluta para ambos por 19 años y seis meses en el caso del cargo público, y de 24 años y seis meses en el caso de la funcionaria, para quien pide el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita, en solidaridad con algunos otros acusados, que indemnicen a la Diputación Provincial con 769.134,74 euros en el caso de María Teresa González y con 763.752,82 euros en el caso de Luis Pérez Montoya.