Felipe González cree que la reforma es reconocer "un cierto fracaso" y valora la intervención de Rubalcaba

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha definido como "bueno" y "positivo para España" el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP de reforma de la Constitución para fijar un techo de déficit y deuda, si bien considera que introducir este cambio en la Carta Magna para obligar a la estabilidad presupuestaria "no deja de ser el reconocimiento de cierto fracaso". En cualquier caso, ha valorado la intervención del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre todo por haber evitado el "sectario déficit cero".

En un artículo de opinión bajo el título 'Debates confusos' publicado este martes en el diario El País y recogido por Europa Press, González señala, por un lado que "la estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para garantizar, a medio y largo plazo, un crecimiento económico sostenido".

Por ello, cree que "es bueno que haya un acuerdo que obligue a todos sobre la estabilidad presupuestaria en el medio y el largo plazo", de modo que añade que "sería deseable que se sumaran otras fuerzas políticas para que el consenso fuera significativo en la España plural".

Sin embargo, el ex presidente del Gobierno opina que reformar la Constitución para lograr este objetivo de estabilidad presupuestaria "no deja de ser el reconocimiento de un cierto fracaso". "Obligarnos a nosotros mismos con una reforma de la Carta Magna no deja de ser el reconocimiento de un cierto fracaso. Existen otros instrumentos legales para hacerlo, pero dudamos de nuestra voluntad colectiva para respetarlos y aplicarlos", señala.

CALIFICA DE "DISPARATE" EL DÉFICIT CERO

En cualquier caso, González considera positivo que el objetivo de la reforma no sea implantar el déficit cero, algo que califica de "sectario" y "disparate" así como una "muestra del radicalismo ideológico que no permite margen de maniobra ante los ciclos económicos".

El ex presidente ve aquí determinante la intervención de Rubalcaba y opina que "cualquier ciudadano preocupado por la salida de esta larga y dura crisis debería apreciarlo", al tiempo que defiende que no se convoque un referéndum para ratificar la reforma, ya que "no afecta a ningún elemento sustancial de la Carta Magna".

Es más, ni siquiera ve "razonable" que "se traslade a los ciudadanos la decisión de si podemos tener deudas excesivas como consecuencia de déficits estructurales incontrolados e incontrolables". "Para los ciudadanos que se inquieten por los límites a las políticas sociales, hay que explicarles claramente que el mayor límite está en el endeudamiento excesivo, que nos obliga a destinar al servicio de la deuda el dinero que necesitamos para educación y salud para todos", explica.

Para el ex jefe del Ejecutivo, el PP ha hecho "un gesto importante" pactando la reforma con los socialistas, un gesto que ve como "el primero y el único para ayudar en esta grave crisis", por lo que considera "lógico que intenten apuntárselo" a pesar de que, a su juicio, la propuesta "se parece poco a la producción ideológica de la FAES que los domina, con sus propuestas de déficit cero, como alumnos aventajados del Tea Party".

ECONOMÍA COMÚN EN LA UE

En cualquier caso, González advierte de que para salir de la crisis hace falta una respuesta por parte de la Unión Europea (UE) que vaya más allá de las decisiones individuales que puedan tomar los países que la conforman.

"Nadie discute ya que en un mercado interior sin fronteras y con una sola moneda hay que coordinar las políticas económicas y fiscales de los países miembros. No se puede perder más tiempo, ni retrasar inútilmente instrumentos necesarios como el 'bono europeo' antes de que se desangre país a país la zona euro y arrastre hacia su caída toda la construcción europea", apunta.

Aunque resalta que en España hay que acabar con el "inconsistente argumento" de que le obligan los mercados o de que obedece a Bruselas o a Francia y Alemania, también subraya que "es más verdad que en la Unión nadie obliga a nadie, pero todos, reunidos en Consejo, pueden y deben obligarse a cumplir los compromisos de gobernanza europea, con penalizaciones para quienes no lo hagan, sin excepciones".