Fernández Díaz defiende que España es el tercer país más seguro de Europa y el séptimo del mundo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho este jueves una defensa de España como un país seguro y en concreto se ha basado en las tasas de criminalidad para defender que está entre los tres o cuatro países más seguros de Europa y el séptimo en todo el mundo. Asimismo ha insistido en que no existe una amenaza específica contra España por parte del terrorismo yihadista pese al aumento ayer del nivel de alerta antiterrorista tras el atentado de París.

Fernández Díaz ha hecho estas declaraciones después de reunirse con la Junta de Gobierno de la Policía Nacional a los que ha felicitado por la labor que prestan a España. "Países como Francia y Alemania tienen tasas de criminalidad superiores", ha expuesto el ministro, quien ha recordado que España es "una potencia turística" y los turistas "eligen España por sus países en primer lugar y en segundo lugar por su seguridad".

Durante la reunión, el ministro y los responsables de la Policía ha comentado la información de la que disponen sobre los sucedido en Paris y entre esos y otros datos, ha insistido en la idea que ya transmitió ayer de que no existe una amenaza específica del terrorismo yihadista, aunque en otra fase de su intervención ha dejado claro que "la seguridad absoluta no existe".

DESPLIEGUE POLICIAL "EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES"

Ha explicado que el aumento de la alerta antiterrorista al Nivel 3 significará un despliegue de las Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, principalmente. Ha dicho que no se puede cuantificar numéricamente ese despliegue porque se hará "en función de las propias necesidades", pero ha detallado que se aumentará la seguridad en zonas que puedan ser objetivo de ataques yihadistas.

El ministro se refiere principalmente a las denominadas infraestructuras críticas que prestan servicios esenciales a la comunidad. Interior terminó anoche de elaborar un listado sobre aquellas instalaciones a las que se les va aplicar medidas de seguridad extraordinarias, incluyendo la restricción en los accesos.

Aeropuertos y estaciones quedarán excluidos de esa restricción de acceso salvo que se produzca "un hecho que así lo motive". Por el momento, en esos lugares habrá un aumento de efectivos para realizar labores de vigilancia y control. Por seguridad, el ministro no ha querido profundizar sobre otras instalaciones, pero ha aclarado que las operadoras de esas infraestructuras y las fuerzas de seguridad ya están informados de cómo les afecta la nueva situación.

FICHERO DE VIAJEROS EN AVIÓN

Fernández Díaz ha defendido de nuevo una vieja reivindicación de España que pide la creación de ficheros de viajeros en avión como medida para prevenir ataques terroristas. Este Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) es un debate que sale en todos los consejos europeos, según ha dicho el ministro.

"Confiábamos en que en la pasada legislatura europea sería aprobado por el Consejo Europeo, pero no fue así", ha dicho. No obstante ha insistido en que "una nueva amenaza exige encontrar un nuevo equilibrio entre seguridad y libertad y eso exige que el PNR sea imprescindible".

En el transcurso de la rueda de prensa, el ministro ha comunicado que las autoridades francesas le habían confirmado que el nuevo tiroteo perpetrado esta mañana es obra también de terroristas yihadistas mientras que ha descartado la autoría islamista en los disparos que se efectuaron ayer en Ceuta por dos individuos en una motocicleta cerca de la mezquita de Sidi Embarek y de un acuartelamiento de La Legión. Ha vinculado estos hechos a la delincuencia común.

BANDERAS A MEDIA ASTA

Por otra parte, el ministro ha asegurado que ya ha mantenido conversaciones con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para desarrollar la petición de los sindicatos policiales de que las banderas de las comisarías ondeen a media asta cuando sea asesinado un agente.

Fernández Díaz ha explicado que se afecta a una Ley de 1981 por lo que es necesario la aprobación de un Real Decreto a impulsar por el Consejo de Ministros. "Es una petición justa y digna de ser estudiada", ha zanjado.