Siete ediles de Fines (Almería) declaran este lunes ante el juez que investiga una presunta prevaricación

La comparecencia fijada por el Juzgado de Instrucción Único de Purchena se produce después de analizar la información incorporada al proceso, en la que los concejales y exconcejales constan "como votantes a favor del proyecto correspondiente a la obra nº 35 denominada Urbanizaciones en el pleno celebrado el 3 de junio de 2009".

La resolución del juez Luis Rodríguez Casero cita, asimismo, a otras dos personas en calidad testigos después de que, en diciembre de 2013, se ordenase continuar la causa contra Rodrigo Sánchez por los trámites de procedimiento abreviado.

Apreció que existían, según fundamentó, indicios raciones de que, en su calidad de alcalde, "autorizó y ejecutó" una edificación en una parcela calificada en las Normas Subsidiarias (NNSS) de planeamiento municipal como "zona verde y de equipamiento social".

Concluía, en esta línea, que esas obras de edificación "están calificadas como no autorizables en suelo no urbanizable", por lo que acordaba procesarlo en un auto que, además, ha sido confirmado tras desestimarse el recurso de reforma que presentó la defensa del regidor, que primero interesó que se mantuviese la causa en diligencias previas y, un mes después, solicitó el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones.

Los actuales concejales que deberán declarar son José Carmona, Francisca Trinidad y José Manuel López mientras que también deberán comparecer ante el juez los exediles Francisco Antonio Sorroche, Marina Perales, Javier Díaz y Juan Antonio Ramos.

Cabe recordar que este procedimiento se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía en la que se apuntaba que podría existir un presunto delito de prevaricación en la construcción de una plaza en un espacio calificado para una zona verde y otra de equipamientos, y utilizada presuntamente por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza.

Según constaba en una denuncia previa del PSOE, el solar en el que se construyó la obra, aprobada en pleno con los votos a favor de ocho miembros del PP y dos en contra del PSOE, corresponde según las Normas Subsidiarias del municipio a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados.

En su escrito, los denunciantes aseguraban que la técnico municipal "refirió verbalmente que no existía ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo" mientras que, por su parte, un documento interno de la institución provincial reconocía que las obras contempladas "no se ajustan a las determinaciones del planeamiento vigente".

Así, explicaban que tras paralizar las obras a requerimiento de la Diputación, posteriormente éstas se reanudaron "sin que se autorizara". La denuncia añadía que la obra desarrollada "pasaba a aprovechamiento privado para el uso de un restaurante contiguo" que pertenecía a la hermana del alcalde.

Sánchez está condenado a 21 meses de prisión junto a su hermano por realizar en una finca de su propiedad obras de desmonte y roturado "sin autorización" y desobedeciendo una "orden expresa de paralización", así como por construir "sin licencia" en la citada finca de la que ambos eran propietarios, un edificio anexo a una vivienda y una piscina sobre suelo no urbanizable. La sentencia del Juzgado de lo Penal 5 está pendiente de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.