Fiscal acusa al exconsejero murciano Antonio Cerdá y a ex presidentes de la CHS del deterioro del Mar Menor

El Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha presentado una denuncia por la contaminación del Mar Menor por la que señala a siete personas que desempeñan o han desempeñado cargos en la Consejería de Agricultura, entre ellos el ex consejero Antonio Cerdá, así como seis miembros o ex integrantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada, que fueron presidentes del ente entre 2004 y 2012, y a 24 agricultores como los supuestos responsables principales del "grave" deterioro ambiental de la laguna salada.

En su denuncia, la Fiscalía pone de manifiesto que el Mar Menor ha sido objeto de "agresiones y abusos de todo tipo a lo largo de muchos años" debido a los "terrenos ganados al mar, apertura de golas artificiales, vertidos mineros, desarrollo urbanístico incontrolado, construcción de puertos deportivos, dragados, creación de playas artificiales, y en los últimos al menos 15 años, sobre todo la actividad relacionada con la agricultura".

Se refiere, en concreto, al aporte de productos con excesivo nutrientes y los vertidos de los "rechazos" de las aguas extraídas de los acuíferos. En el Campo de Cartagena, añade, "se ha pasado en los últimos años del cultivo de secano típico del Mediterráneo (cereales o algunos árboles frutales), a los cultivos de regadío, que necesitan, obviamente, mucha más agua".

La Fiscalía pone de manifiesto la "desmesurada e incontrolada" roturación del Campo de Cartagena para fines agrícolas y la consecuente ampliación de regadíos, que ha supuesto un aumento de más de 20.000 hectáreas sobre las inicialmente previstas, considerándose al menos ese número "en situación de ilegalidad".

Ante la ausencia de recursos hídricos, los agricultores han procedido a extraer agua de pozos, en la mayoría "igualmente ilegales y sin licencia, y del acuífero denominado Cuaternario, el cual era sabido por todos que estaba ya contaminado por la sobreexplotación agrícola y la filtración de los restos del agua de riego sobrante que iba cargado de nitratos, fosfatos y otras sustancias contaminantes".

Al extraer esa agua, los agricultores eran "sabedores, al menos los que son aquí denunciados" que no era de calidad para el cultivo, por lo que fueron instalando desalobradoras cuantificadas en un millar, y casi todas ilegales al carecer de licencia con el fin de "limpiar" esa agua.

El 70% del agua aproximadamente, ya descontaminada, se destinaba al riego, y el resto (30%), equivalente al denominado "rechazo", que es el sobrante que contiene todas las sustancias contaminantes (nitratos, fostatos, salmuera, etc.), se expulsaba "a través de una tubería instalada al efecto y también ilegal", bien al mismo subsuelo y a los mismos pozos, con lo que contaminaban aún más el acuífero.

Asimismo, la Fiscalía pone de manifiesto que esa agua se expulsaba a través de las ramblas allí existentes, fundamentalmente la rambla del Albujón, o se echaba en unas tuberías que instaladas por la CHS en la década de 2000 que desembocaban en el mar Mediterráneo.

Al no funcionar ese mecanismo "casi nunca", la Fiscalía pone de relieve que el sobrante se echaba directamente al Mar Menor, fundamentalmente a través de la rambla del Albujón, en cuya desembocadura conectaban la mayor parte de esos salmueroductos, "siendo claramente visible esto último en un contundente chorro".

"DESCONTROL" DE LA CONSEJERÍA Y DE LA CHS

Esta situación, según la Fiscalía, "ha sido conocida y consentida a lo largo de los últimos años por todos los agricultores y por los responsables públicos que son objeto de esta denuncia, haciéndose caso omiso a la situación sin poner medidas, hasta que en el año 2013 en adelante empezó a actuar, por fin, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)".

En el caso de la Consejería, la Fiscalía lamenta que su función de gestión y de control "ha dejado mucho que desear" en los últimos años, "pese al nivel de importancia y protección del Mar Menor", y de la obligación legal de hacerlo para la Administración autonómica por la normativa autonómica, nacional e internacional.

En concreto, llama "poderosamente" la atención de la Fiscalía "que carecen a día de hoy de instrumentos de planificación aprobados y en vigor, pese a que la normativa internacional y nacional le obligaba a ello"; así como que "el nivel de control de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA) y de los Programas de Actuación agrícola, ha sido por lo menos, bastante deficiente".

"La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente no ejerció e debido control sobre las prácticas agrícolas, ya que no existen expedientes sancionadores que controlen las infracciones que obviamente se han cometido", señala la Fiscalía, que habla "más bien" de nivel "descontrol".

Por otro lado, lamenta que los responsables de la CHS "han sido perfectamente conocedores de toda la situación" pero sólo a partir de 2012 "se han empezado a tomar medidas de control", aunque "claramente insuficientes, en parte por la calamitosa situación que se han encontrado fruto de la aparente desidia que ha existido".

Según la denuncia del fiscal, "la realidad generada por todo esto se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medioambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero, y, por ende, para todo el ecosistema, situación que parece venir derivada de una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto que tarde".

La problemática, añade en el escrito, "se ha desbordado hasta tal punto que hay que reconocer, lamentablemente, que es de muy difícil solución ambiental, tornándose hartamente complicada la recuperación de este hábitat único. Y, además, que esta región tiene que esperar al año 2027, para intentar conseguir un buen estado ecológico y químico del Mar Menor", según reconoce el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2015-2021.

Según Manzanera, los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito contra el Medio Ambiente, "pudiendo aplicarse las agravantes por riesgo de deterioro irreversible o catastrófico", y varios delitos de prevaricación.

El Ministerio Fiscal espera, de tal forma, se incoen diligencias previas y de sus presuntos responsables y solicita que se reciba declaración como investigados a los denunciados, se tome declaración como testigos a todos los agentes de la autoridad que han realizado inspecciones que constan en la denuncia o se tome declaración y ratificación de sus informes como peritos a todos los autores de los numerosos informes periciales aportados con la misma.

Insiste en la "extrema importancia y urgencia" en la adopción en este caso de medidas cautelares, "en orden a evitar que se cause un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido, el Medio Ambiente y la Salud de las personas, y en orden a garantizar que pueda restaurarse en lo futuro el orden jurídico violado", por lo que se solicita que, "a la mayor urgencia se acuerde requerimiento a todos los agricultores denunciados para que se abstengan a verter el rechazo de sus desalobradoras a cualquier cauce público o a aguas públicas, al suelo o al subsuelo", con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

Insiste en la "vital" importancia de que la Autoridad Judicialacuerde esta medida, "toda vez que la iniciación de actuaciones de investigación en vía penal paraliza la vía administrativa sancionadora" y que, de no acordarse tal paralización, "la prosecución de la actividad contaminante denunciada comportaría sin duda un perjuicio de imposible o de muy difícil reparación en el futuro".