Fiscal propone querella contra Mas, Rigau y Ortega por desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción

Torres-Dulce dice que la orden de suspensión del TC fue "tajante e inequívoca" y no dejó "margen alguno a la duda"

"Las decisiones adoptadas no pueden ser reputadas como actos políticos a efectos de quedar fuera de la prevaricación administrativa"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene en la propuesta que este miércoles tienen sobre la mesa la Junta de Fiscales de Sala convocada para estudiar la presentación de una querella contra Artur Mas y otros miembros de su Gobierno que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 4 de noviembre fue "absoluta, tajante e inequívoca", "no dejaba margen alguno a la duda" y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.

Así se señala en la "nota para la Junta de Fiscales de Sala", a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Torres-Dulce concreta que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9N .

A su juicio, la suspensión del TC afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación". En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma "personal y directa" Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.

"El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional", añade la propuesta de modo tajante. Los hechos a su juicio "integran todos los elementos delito de desobediencia".

SOBRE LA FALTA DE ADVERTENCIA

Sobre la falta de apercibimiento en la providencia del tribunal de garantías, afirma que en este caso el mandato del TC "era un mandato de no hacer, que por su propia naturaleza no precisaba de ulteriores requerimientos".

Torres-Dulce comienza su nota señalando que la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat.

Frente a ello, y conociendo sus obligaciones, el Gobierno de Mas "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designo original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC", en la primera de sus resoluciones.

"Las múltiple decisiones adoptadas, sin perjuicio de que procuraban una consulta enmarcada en el plano político o de connotaciones políticas, no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa", considera el fiscal general en su propuesta

PERSEVERANCIA DE MAS

A continuación, la nota de Torres-Dulce detalla todas las actuaciones realizadas por el Gobierno de la Generalitat desde la aprobación por el Parlamento de la Ley de Consultas señalando que, pese a las dos suspensiones dictadas por el tribunal de garantías, "el Gobierno de la Generalitat perseveró en su empeño de llevar a cabo la consulta en la fecha indicada y con la misma pregunta".

Para ello, "adoptó las decisiones pertinentes para constituir los órganos de la administración electoral previstos en la ley suspensa y mantuvo públicamente la campaña de llamamiento a la participación de la ciudadanía en la consulta programada".

Así, destaca como el president nombró a los miembros de la Comisión de Consultas Populares, a los miembros de las Comisiones de Seguimiento y declaró posteriormente en una comparecencia pública que el Govern mantenía el objetivo de celebrar la consulta del día 9.

Esta declaración tiene para el fiscal general "indudable trancendencia jurídico-administrativa" para poner en marcha el proceso "con la parafernalia de urnoas, mesas, y papeletas características de los procesos electorales". La estrategia fue entonces, según el fiscal general, la de impulsar el mismo proceso planeado originariamente "mediante actos jurídicos no formalizados por medio de la página www.participa014.cat.

PAPEL DE RIGAU Y ORTEGA

De interés para la causa, según Torres-Dulce, son también las convocatorias cursadas vía correo electrónico por autoridades del Departamento de Educación bajo la dirección de Irene Rigau a directores de institutos de enseñanza media para que colaboraran con la cesión de locales para la instalación de las mesas electorales.

Se alude también en el documento, cuyo contenido integrará con toda probabilidad la querrella si finalmente se presenta, al 'banner' aparecido en la citada página para informar a voluntarios; así como el hecho de que las papeletas se confeccionaran en el centro penitenciario de Ponent y que se exigiera a radios y televisiones privadas el 30 de octubre la difusión gratuita de los anuncios de la campaña informativa de la consulta. Algunas se negaron a hacerlo.

Tras la suspensión del 4 de noviembre, sigue la nota de Torres-Dulce, la página web "lejos de ser clausurada" contenía toda la información y las instrucciones precisas para votar y un día después Mas llamó a la participación durante un desayuno informativo. A ello se suman los envíos masivos de correspondencia exhortando a los ciudadanos a participar a través de Unipost S.A.

En relación a la vicepresidenta, se destacan en el escrito sus comparecencias en el centro de prensa dando cuenta de la participación. "El Gobierno autonómico oficializaba así como propia la asunción del desarrollo de todo el proceso consultivo", dice.

En cuanto a los gastos, que sustentarían el delito de malversación, Torres-Dulce cita los realizados en informática y telecomunicaciones, en elaboración material y en difusión institucional, así como los generados por la web, que fueron cargados al erario público. La apertura de institutos y edificios públicos también generó gastos, a los que hay que añadir el coste de la mensajería.