El Fiscal Superior del País Vasco pide el sobreseimiento libre de la causa contra Arraiz por el denominado "Jaque Mate"

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha solicitado el sobreseimiento libre de la causa contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, acusado de un supuesto delito de injurias graves contra las FSE por las declaraciones que realizó tras la operación de la Guardia Civil contra el entorno de presos de ETA --en la que se detuvo, entre otros, a 12 abogados--, en las que emplazó a dar "jaque mate" al instituto armado, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

En un escrito registrado el pasado miércoles, 11 de mayo, en el TSJPV, Calparsoro pide el sobreseimiento libre de la causa por el artículo 637.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que Arraiz actuaba "en el ejercicio de la libertad de expresión", una de las "libertades públicas que reconoce la Constitución".

La Fiscalía agrega, en su informe, que la utilizada por Hasier Arraiz constituye "una expresión que no contiene ningún componente que sobrepase los límites del ejercicio de la libertad de expresión, cuando además corresponde a un parlamentario" y en un tema "de interés general o público".

El pasado 26 de abril, la Sala civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio traslado a las partes para que, en un plazo de diez días, solicitaran la apertura de juicio oral contra el encausado, formulando escrito de acusación o sobreseimiento, o en su caso, pidieran aquellas diligencias que consideren indispensables para formular acusación.

El auto del magistrado Roberto Sáiz destacaba "la clara correspondencia" entre el contenido y los fines de las declaraciones del acusado con "los mensajes de ETA", que asesinó a más de 300 miembros de las FSE, de los que más de la mitad eran miembros de la Guardia Civil.

La causa por el caso 'Jaque mate' se inició al querellarse contra Hasier Arraiz la Asociación Dignidad y Justicia por unas declaraciones realizadas en rueda de prensa el 12 de enero de 2015, después de una operación del instituto armado contra el entorno de los reclusos de ETA, entre los que detuvo a 12 abogados que defendía habitualmente a miembros de la banda. Este operativo se había llamado 'Mate' y era continuación de otro denominado 'Jaque'.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, Arraiz acusó al Estado español de ser "un Estado terrorista que emplea, una y otra vez, la venganza contra Euskal Herria", y al instituto armado de "participar en "la política penitenciaria criminal" de España. Haciendo un juego de palabras, emplazó a dar "jaque mate" a la Guardia Civil y le instó a abandonar el País Vasco.

Además, en una segunda rueda de prensa del 14 de enero, el presidente de Sortu aseguró que, en el actual escenario político, "la única violencia" que existía era la del Estado español y "la única amenaza violenta" era la de la Guardia Civil y los "Cuerpos represivos del Estado". Además, señaló que el instituto armado estaba "reñido con un escenario de paz y democracia en Euskadi", y le emplazó a que se fueran y dejaran "en paz" a los vascos. "No los necesitamos ni queremos", aseguró.

ADMISIÓN A TRÁMITE

La querella se admitió a trámite el 25 de mayo de 2015 al considerar que Hasier Arraiz se refirió a la Guardia Civil "en términos ignominiosos, vejatorios e infamantes", con una intención "denigratoria".

El auto destacó que la Constitución atribuye al instituto armado la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, algo "imposible" de cumplir "si está inherentemente vinculado, como resulta de la descripción que realiza el querellado, con la ilegalidad y la inmoralidad".

De esta forma, señaló que las palabras de Arraiz "fomentaban un clima social de rechazo, hostilidad y odio profundo e irracional hacia los miembros del Cuerpo".

Pese a que la defensa invocó en un recurso a la "libertad de opinión, de expresión y de información", el TSJPV, mediante auto del 21 de enero de 2016, acordó incoar diligencias previas por injurias contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El magistrado instructor de la causa, Roberto Sáiz, decidió que el encausado declarara en concepto de imputado. Además, solicitó informes a la Unidad Central de Inteligencia (UCI), al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Ertzaintza para corroborar los hechos de denunciados en la querella, y sobre "la reivindicación histórica" de ETA "de expulsión de las FSE de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la de Navarra, así como sobre la persecución y asesinatos que dicho Cuerpo de Seguridad ha sufrido por la banda armada durante los sesenta años de existencia".

Posteriormente, y en un auto fechado el pasado 26 de abril, el magistrado dio traslado a las partes para que solicitaran la apertura de juicio oral contra el encausado, formulando escrito de acusación o sobreseimiento, o pidieran las diligencias que creyeran indispensables para formular acusación.