Fiscal jefe antidroga dice que no se puede "hablar nunca de consumo compartido" en asociaciones con volumen de asociados

El fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, José Ramón Noreña, ha asegurado que no existe "limbo legal" en relación a las asociaciones de cannabis y ha insistido en que "no vamos a poder hablar nunca de consumo compartido" en clubes con un importante volumen de asociados. Asimismo, ha considerado que "no cabe" que Euskadi proceda a regularizar estas entidades porque se trata de una competencia exclusiva del Estado.

Noreña se ha pronunciado de esta manera en una rueda de prensa en la localidad vizcaína de Santurtzi, con motivo de la reunión de la Junta semestral de esta fiscalía Antidroga, que ha abordado, entre otros asuntos, el cultivo de hachís y marihuana y la situación de las asociaciones que propugnan la liberalización del consumo de drogas.

El fiscal ha insistido en que, si bien reconoce que existe "un movimiento favorable a la despenalización", se ejercitarán las acciones penales correspondientes contra la comisión de delito "mientras la regulación sea la que es".

En su opinión, no existe "ningún limbo legal" ni desde el punto de la vista de las asociaciones cannábicas ni de sus actividades, aunque ha reconocido que es "un tema complicado".

Noreña ha explicado que el cultivo de cualquier planta con efectos tóxicos, estupefacientes o psicotrípcos, como el cannabis, está sometido a "un estricto sistema legal de autorización y control" por parte del Ministerio de Sanidad, con el fin de obtener sustancias necesarias para la industria farmacéutica, y, por tanto, "cualquier otra forma de cultivo" queda incluido en la previsión de los artículos 368 y concordantes del Código Penal.

Según ha indicado, la Junta de la Fiscalía ha abordado el control de la legalidad de las asociaciones que propugnan la legalización de dichas actividades, tanto de los contenidos de sus estatutos como de su actividad "real". En relación a los estatutos, ha resaltado que, por regla general, no es posible apreciar la existencia de delito porque son "suficientemente genéricos" y normalmente "aluden a la legalidad vigente".

"Quien redacta unos estatutos de una asociación se van a cuidar muy mucho de decir que van a proceder al cultivo sí o sí, diga lo que diga la ley", ha apuntado.

En cuanto a la actividad de estas asociaciones, ha precisado que la asociación no podrá realizar cultivo o comercialización sin someterse a los requisitos establecidos por la ley de Estupefacientes ya que, en caso contrario, "sus conductas encajan en los delitos contra la salud pública".

Según ha señalado, la Fiscalía Antidroga y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "están atentos a las actividades reales" para evitar que, "bajo la aparente cobertura del derecho de asociación y de la libertad de expresión puedan cometer esos delitos".

En este sentido, ha manifestado que se da "la trampa" de alegar "que su actividad encaja en el consumo compartido", pero este concepto está restringido a reuniones de "muy pocas personas que encargan a una de ellas la adquisición de sustancia que sea para consumir todos ellos" y, en consecuencia, "no está pensando en "asociaciones de 4.000 asociados, 200 asociados...".

De este modo, ha resaltado que, en asociaciones con determinado volumen de miembros, "no vamos a poder hablar nunca de consumo compartido". "Si al final se van a estar financiando con beneficios que están obteniendo a través de las drogas, están incursos en el Código Penal", ha insistido.

Por tanto, ha indicado que, si en el marco de investigaciones sobre actividades delictivas "nos llevan a una asociación" y "hay responsabilidad", se ejercitarán las acciones pertinentes para que "se declare lícita esa asociación y se disuelva".

En cualquier caso, ha añadido que, si bien se intensificará la vigilancia sobre estas entidades, "no más que en relación a narcotraficantes típicos y genuinos, de todos conocidos". Además, ha advertido de que la administración tiene unos medios "relativamente escasos" para afrontar "un fenómeno tan extendido como el tráfico de droga".

Preguntado por la ponencia impulsada en el Parlamento vasco dirigida a estudiar la regulación de las asociaciones de autoconsumo, ha señalado, tras precisar que no puede "interferir" en un acuerdo de la Cámara autonómica para crear una ponencia, que "una comunidad autónoma no tiene competencias para legalizar un tipo de actividad en el que la regulación es competencia exclusiva del Estado".

De este modo, ha apuntado que "tenemos una ley de estupefacientes y tenemos una constitución, donde ciertos aspectos de la sanidad son competencia exclusiva del Estado". "Una comunidad no podría legalizar algo que no se puede legalizar en el resto del Estado", ha insistido el fiscal, que ha considerado que "no cabe" tampoco la regularización de las asociaciones.

No obstante, ha indicado que, "en tanto sirva para clarificar conceptos desde el punto de vista jurídico, médico, epidemiológico, no tengo nada que decir" sobre la ponencia y ha añadido que, de hecho, "determinados miembros del Gobierno, como el delegado del Gobierno en el Plan Nacional Antidroga, a mí me ha dicho que él estaría dispuesto a acudir a esa comisión y explicar la situación".

DESTRUCCIÓN DE DROGA

Por otro lado, Noreño ha explicado que la Fiscalía está trabajando con los Ministerios de Justicia, Sanidad e Interior para conseguir que se haga lo "más rápida y ágil posible" la destrucción anticipada de las drogas, un asunto en el que se "lleva trabajando mucho tiempo".

En este sentido, ha alertado de que "los depósitos de drogas están generando problemas de salud pública y de seguridad ciudadana, por el riesgo de sustracciones que se han producido en algunos lugares".

En la misma línea, la Junta ha abordado las ventas anticipadas de automóviles u otros efectos intervenidos a traficantes de drogas, para lo que la Fiscalía ha puesto en marcha con Interior y Sanidad un protocolo al respecto.

"Tardará todavía algún tiempo, pero vamos a ver la forma de conseguir ponerlo en marcha y que los jueces autoricen tanto la destrucción de droga lo más rápida posible como la venta anticipada", ha manifestado.

Finalmente, los fiscales han estudiado la aplicación del subtipo privilegiados del artículo 368.2 del Código Penal, concluyendo que "si concluyen algunas de las circunstancias agravantes del 369, sólo muy excepcionalmente, aplicaremos el subtipo privilegiado".