El Fiscal ve un delito de apropiación indebida en el proyecto Logroño Vivo y traslada el caso al juez

El presidente de la Asociación de Comerciantes Cascajos Zona Comercial, Iván Carbonero, ofreció hoy una rueda de prensa en la que consideró "grave e importante" la acción emprendida por la Fiscalía, a la par que lo consideró una buena noticia para los comerciantes.

Recordó que entre los implicados se encuentran los ex concejales en el anterior Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, los socialistas Vicente Urquía y José Luis Lagunilla; y aseguró que, a pesar del cambio de gobierno en el Consistorio, los servicios jurídicos de los comerciantes creen que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad subsidiaria".

La acción de la Fiscalía surge después de que ocho asociaciones de comerciantes de Logroño denunciaran (con una denuncia en la que Carbonero aparece como la persona física que la ejerce) a Logroño Vivo.

Según la acusación, ésta recibió dinero del Ayuntamiento de Logroño pero no pagó los 60.000 euros que las asociaciones tenían concedidos en concepto de subvención y, además, se quedó con 12.000 euros adelantados por las asociaciones de comerciantes.

La documentación aportada por los comerciantes ha sido vista por el Ministerio Fiscal como un posible delito de apropiación indebida, tal y como reza en el escrito aportado por Carbonero con fecha de 5 de octubre y que remite el caso al Juzgado de Instrucción número 1.

La denuncia presentada por Carbonero, en nombre de los comerciantes, recuerda que en el año 2008 se presentó el proyecto de dinamización comercial Logroño Vivo y se dijo que se sometería "a los requisitos impuestos por el Ayuntamiento".

La denuncia de los comerciantes habla de 150.000 euros que reclamarían estas asociaciones (por el dinero que adelantaron y el que Logroño Vivo no dio a pesar de tener las subvenciones concedidas), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, empresas privadas y una entidad bancaria.

Carbonero se refirió a las declaraciones de la alcaldesa, Cuca Gamarra, en las que, según dijo el comerciante, apostaba por mirar hacia adelante y consideró que "cuando un comerciante ha puesto 3.000 euros de su bolsillo difícilmente va a dejar el asunto pasar".

Los denunciados son los integrantes de la Comisión de Seguimiento de dicha asociación, integrada por un presidente y un vicepresidente, Miguel Rosell e Ignacio Villaluenga, además de los ex concejales de Economía, Vicente Urquía, y de Comercio, José Luis Lagunilla y otros funcionarios del Ayuntamiento de Logroño.