Fiscales progresistas avalan la querella por el respaldo de la Junta de Fiscales

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, ha respaldado la querella contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta y la consellera de Enseñanza por organizar el proceso participativo sobre la independencia al ver "suficiente" el aval que ha dado a la iniciativa la Junta de Fiscales.

"Para nosotros son un referente jurídico", ha valorado este viernes García en una rueda de prensa conjunta en Barcelona con el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, casualmente minutos antes de que, a pocos metros y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se presentase la querella.

García sostiene que el aval de la Junta a la querella impulsada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, "no desacredita" a los fiscales del TSJC --que se posicionaron en contra de presentarla--, cuya opinión ve respetable; sin embargo, no ha querido hacer juicios de valor sobre el escrito porque lo consideraría imprudente sin conocer la documentación.

Reconoce, eso sí, que entre Torres-Dulce y la Fiscalía Superior catalana ha habido "una discrepancia importante" pero ha considerado que a veces son inevitables diferencias en cuanto a valoraciones jurídicas.

El portavoz de Unión Progresista de Fiscales ha lamentado que haya habido "voces y manifestaciones ajenas a los fiscales que han hablado en nombre de la Carrera Fiscal" y que cargos del Gobierno indicasen hacia donde había que apuntar, ante lo que ha defendido la autonomía e independencia del Ministerio Público.

"Nuestro estatuto contempla cauces de comunicación entre Gobierno y Fiscalía y también con las comunidades autónomas. Si quieren algo de Fiscalía lo pueden hacer con transparencia", ha reprendido.

Ha dicho que este tipo de comunicaciones por parte del Gobierno no se han activado y tienen "la sospecha de que pudo haber otro tipo de comunicaciones".

La querella de Fiscalía acusa al presidente de la Generalitat, Artur Mas; a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, de los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos.