Fiscalía pide dos años y seis meses de inhabilitación para el alcalde de Albox (Almería), Rogelio Mena

El Ministerio Público ha formulado acusación contra Mena, a quien imputa un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal al estimar que su actuación "impidió la actividad fiscalizadora" ejercida por la oposición y, en concreto, por parte del portavoz del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Albox, Juan Pedro Pérez Quílez.

El escrito, de 6 de noviembre y consultado por Europa Press, señala que el también diputado provincial y secretario de Ideas y Programas del PSOE-A habría actuado "con total conocimiento" al "denegar" los requerimientos del PP y al "impedir el acceso a dicha información una vez que Juan Pedro Pérez se personaba en el Consistorio", por lo que la Fiscalía interesa la apertura de juicio oral contra él.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa ordenó procedimiento abreviado contra el regidor el pasado 24 de septiembre al considerar que existían indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales y desestimó el sobreseimiento de la causa interesado por la defensa.

El auto del juez Fernando Ruiz Rico, recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Almería, concluía que, con su actitud, podría haber "entorpecido la transparencia de la gestión pública en el Ayuntamiento de Albox".

Según relata el Ministerio Público en su escrito, Rogelio Mena, alcalde desde el 22 de febrero de 2013 aunque estuvo en funciones de regidor accidental desde el 31 de enero de ese mismo año, "ha impedido constantemente, con total conocimiento, la labor del oposición del concejal del grupo del PP en el Ayuntamiento, Juan Pedro Pérez" al denegarle "de forma sistemática varias peticiones de información remitidas por él".

Desgrana que la primera petición de información de los expedientes de contratación y facturas relativas a las empresas 'Planta de Reciclaje Albox SL', 'Demoliciones y Asfaltos La Calzada SL' y 'Alcaina Estudio de Ingeniería' se efectuó el 7 de febrero de 2013.

Once días después, Pérez Quílez comunicaba al Ayuntamiento, que al haber transcurrido el plazo de cinco días que la ley estipula para contestar a la petición, se iba a personar en las dependencias municipales para acceder a la documentación, una solicitud que era desestimada por resolución de Alcaldía el día 20 de la que se informó al edil del PP cuando se personó al día siguiente en el Consistorio.

El Ministerio Público detalla que el mismo proceso se inició con una segunda petición de información relativa a idénticos documentos elevada el 17 de mayo de 2013. En esta ocasión no fue contestada y cuando el concejal fue al Ayuntamiento "esta no estaba ni preparada ni disponible para su entrega".

El tercer requerimiento se realizó el 7 de junio con idéntico resultado mientras que ya en noviembre del mismo año, y tras un nuevo cruce de escritos, se le entregó, según recoge el escrito, una diligencia de Secretaria en la que "se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar el mencionado expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía".

Para la Fiscalía, Mena habría "impedido" con su actuación "la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición" y remarca que las facturas relativas a estas tres mercantiles "se encontraban incluidas en el Plan de Pago a los Proveedores del Ayuntamiento de Albox", por lo que solicita la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo Penal contra el regidor albojense.