Fiscalía Anticorrupción pide a la juez de los ERE que imponga fianza a imputados

En un escrito fechado el 25 de octubre, al que ha tenido Europa Press, la Fiscalía solicita a la juez Mercedes Alaya que imponga fianzas "a todas las personas imputadas hasta la fecha, bien en su condición de intrusos, bien como favorecedores de los mismos, por los importes presuntamente entregados, comprometidos o bien percibidos de forma indebida", una medida que "debe extenderse a las entidades directamente beneficiarias de los mismos, al ser en determinadas pólizas las reales destinatarias de los importes aún cuando figurara una persona física como asegurada".

En esta causa, permanecen imputadas una treintena de personas, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández; el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas, así como el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, o su antiguo director adjunto Daniel Ponce, ninguno de los cuales, hasta el momento, ha prestado declaración ante la juez instructora.

El Ministerio Público considera "de interés para el buen fin de la investigación y del posterior enjuiciamiento en su caso de los hechos penalmente relevantes la inmediata adopción" de medidas cautelares para asegurar las posibles responsabilidades civiles de los imputados, y pide la imposición de la fianza también para aquellos imputados que, "aún cuando hasta la fecha de hoy no se haya acreditado que hayan percibido directamente cantidad alguna, sí hay indicios de que han contribuido con su conducta a la percepción de las rentas y capitales indebidas", siendo extensible este requerimiento "a las sociedades o entidades por las que intervinieron".

De igual modo, y "dado que presumiblemente el número de personas imputadas y entidades civilmente responsables irá progresivamente aumentando conforme avance la instrucción de la causa", la Fiscalía interesa "que se dicten, de igual manera, sucesivos autos por los que se adopten, respecto de cada uno de manera individualizada, medidas cautelares".

ABOGA POR AVERIGUAR EL DESTINO FINAL DEL DINERO ENTREGADO

La Fiscalía argumenta que, de la investigación, se desprende "de forma fehaciente" que "casi la totalidad de las primas de las pólizas de seguros de renta y de capital diferido han sido abonadas con fondos públicos de la Junta", añadiendo que era la Dirección General de Empleo la que ordenaba los pagos de los importes de las primas pactadas a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Añade que, de ello, se han beneficiado patrimonialmente, "sin ningún derecho a ello", los denominados 'intrusos', agregando que, igualmente, "en la materialización de estas conductas han participado, con actos de suma importancia, otros sujetos", los cuales, "bien a través de su actuación como empleados o directivos de entidades, han permitido y colaborado a la percepción indebida de estas rentas por estos 'intrusos'", por lo que, "ineludiblemente", también "deberán responder de su conducta no sólo penalmente, sino también civilmente, al igual que las entidades por las que intervinieron".

Al hilo, la Fiscalía Anticorrupción ha añadido que, de las investigaciones efectuadas, también se desprende de forma indiciaria la existencia de ayudas "directas" a ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades, ayudas abonadas por la Dirección General de Trabajo a través del antiguo IFA que "no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a la concesión y el control del destino de una subvención dada con fondos públicos", por lo que "será necesario averiguar el destino final del dinero entregado".

PERJUICIO "MANIFIESTO Y GRAVE" A LOS FONDOS PÚBLICOS DE LA JUNTA

Asimismo, considera "indudable" la existencia de un perjuicio "manifiesto y grave" en los fondos públicos de la Junta de Andalucía, todo ello "ante la cuantía tanto de los pagos efectuados como de los ya comprometidos", un perjuicio "del que deberán responder no sólo las personas que, como funcionarios públicos, han permitido o favorecido que se abonen, sino también los administradores de hecho o de derecho de las entidades perceptoras, así como estas mismas".

La Fiscalía Anticorrupción, que informa de su petición para que el Tribunal de Cuentas determine la responsabilidad contable en esta causa, solicita a la juez que oficie a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo para que aporte una serie de documentación al objeto de "poder determinar con precisión el importe del quebranto efectivo en los fondos públicos gestionados" por este departamento.