La Fiscalía de Asturias pide penas de entre 3 y 7 años para los supuestos miembros de una red de tráfico de inmigrantes

El Ministerio Fiscal sostiene en su escrito, la que ha tenido acceso Europa Press, que los acusados, hermanos, junto con el procesado (que estaba en paradero desconocido en el momento de redactarse la acusación de la Fiscalía), facilitaban la entrada ilegal en España de ciudadanos de Paraguay.

El procesado gestiona en Caaguazú (Paraguay) una agencia de viajes, desde la que captaba a personas para venir a trabajar a España con el señuelo de altas retribuciones. Los viajes tenían la apariencia de viajes de turismo, cuando en realidad se trataba de una entrada en España con propósito de permanencia para trabajar de forma ilegal, en unas ocasiones en la ayuda domiciliaria y, en otras, en la prostitución.

Para dar a los viajes una apariencia de legalidad, se facilitaba a los inmigrantes de pasajes de ida y vuelta, así como cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y los 1.000 euros para dar una apariencia de solvencia económica en la frontera.

Una vez en España, los inmigrantes eran recibidos por los acusados, o personas de su confianza, quienes les quitaban el dinero. A continuación, eran enviados a los diferentes puestos de trabajo que se había buscado para ellos. De esta forma, los inmigrantes adquirían una deuda con los acusados que oscila entre los 3.000 y los 4.200 euros, que tenían que saldar con pagos mensuales.

Dos de los acusados eran pareja sentimental, desde enero de 2009. Ella colaboró con él en estas actuaciones, controlando las cantidades debidas, cobrando cantidades a distintas personas a las que se había facilitado la entrada en España, llegando a ingresar parte de ese dinero en su propia cuenta bancaria. También colaboró con otra acusada, D, buscando gente de nacionalidad paraguaya en situación irregular.

Otra acusada contactaba con personas interesadas en traer ilegalmente extranjeros a España, a quienes ponía en contacto con B. También se encargaba, en colaboración con otros acusados, de encontrar trabajos -en su mayoría precarios y al margen de las condiciones legales- para los inmigrantes.

Otro de los acusados se encargaba de recibir y facilitar el traslado a su destino definitivo de las personas a quienes se les había facilitado la entrada ilegal en España. Las acusadas F y G también se encargaron de este cometido.

La Fiscalía considera dos de los acusados son autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis, párrafos 1 y 2, del Código Penal; y que el resto de acusados son autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis, párrafos 1, 2 y 5. Y solicita que se condene tanto al a los dos primeros a a siete años de prisión. Para cada uno de los acusados restantes, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión. Costas a partes iguales.