La Fiscalía se opone a que Aznar declare por los sobresueldos porque no constituyen delito

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declare como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, al considerar que el pago de sobresueldos "no revela a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución".

En un escrito remitido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral señala que la declaración de Aznar, solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), "no resulta ni necesaria ni útil" para el esclarecimiento de los hechos investigados al no aportar "ningún conocimiento adicional, relevante y necesario".

El Ministerio Público sostiene que la contabilidad oficial del PP recoge pagos a Aznar de 782.695,12 entre 1990 y 1996 que no tienen "ningún reflejo" en los 'papeles de Bárcenas'", por lo que su declaración por este extremo no resultaría "ni tan siquiera útil a los efectos de obtener algún indicio sobre la verosimilutud de dichos documentos".

NO HAY INDICIO DE QUE "J.M." SEA AZNAR

En relación con las "entregas J.M." que aparecen consignadas en los 'papeles de Bárcenas' entre abril y agosto de 1990 por importe de 1.530.000 pesetas (9.195,49 euros), el fiscal sostiene que no existe "ningún elemento o indicio" que permita afirmar que estas iniciales "se correspondan con las del testigo". "Y en cualquier caso ningún efecto tendría ello en el ámbito de la investigación que se lleva a cabo", añade el escrito.

ADADE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, también reclamó que el exjefe del Ejecutivo explicara ante el juez si autorizó el pago de 3.600 euros mensuales al exconsejero navarro Calixto Ayesa entre 1991 y 1995, tal y como aparecía en los manuscritos de Bárcenas y corroboró ante el juez el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.

A pesar de que estos pagos también "carecerían de relevancia penal", el Ministerio Público señala que en la declaración de Del Burgo no existe "contradicción alguna" con la de Ayesa, que confirmó los pagos como compensación al cierre de su clínica dermatológica, ni "motivo de desconfianza".

CRÍTICA A LA ACUSACIÓN

En el escrito, Romeral también acusa a ADADE de mostrar un interés en la causa que "se aparta del que ha de presidir la instrucción judicial de esclarecer los hechos presuntamente delictivos que conforman su objeto". "Su interés se centra más bien en someter la conducta del testigo a la censura y valoración, al menos, de las partes, en relación con los hechos en que fundamenta su petición, lo que excede de la función del proceso penal", apunta.

ADADE quería que la declaración tenga lugar en la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), de la que Aznar es presidente, al haber renunciado a su puesto en el Consejo de Estado por ser "incompatible" con su condición como "miembro del Consejo de Administración de un grupo internacional de comunicaciones".