Fiscalía y CNMV crean equipos conjuntos para la persecución de delitos en bancos y cajas

La Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han formado equipos conjuntos con el fin de hacer frente a la casi decena de procedimientos abiertos en los tribunales españoles por la gestión presuntamente irregular de bancos y cajas.

Así lo ha manifestado este miércoles el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante un desayuno organizado por la Agencia Europa Press en el que ha señalado que por el momento existen casi una decena de procedimientos de este tipo y que por el momento no existe intención de abrir causas a más entidades.

La investigación de estos asuntos supone una "tarea prioritaria" para su departamento, y el fiscal general se ha referido especialmente a los posibles hechos delictivos vinculados a la comercialización de participaciones preferentes.

En este sentido, ha señalado que la Fiscalía celebró recientemente una reunión para clarificar los criterios de actuación respecto a estas prácticas bancarias, para definir qué se hará respecto a las entidades que hayan podido incurrir en actuaciones que merezcan reproche penal y aquellos otros procedimientos penales abiertos por responsabilidad civil.

INDEMNIZACIONES INDEBIDAS

Sobre los procedimientos abiertos a bancos y cajas, ha señalado que son "complicados" y no de fácil tramitación, y que uno de los aspectos que pueden ser clarificados con más rapidez son los relacionados con el cobro de indemnizaciones indebidas por parte de determinados gestores.

Ha añadido, respecto de los casos concretos pero sin citarlos, que la Fiscalía dispone "un mapa" bastante completo de lo que ha ocurrido en determinadas entidades financieras, mientras que respecto de otras se está en un momento muy inicial de las investigaciones. "No puedo anticipar nada de lo que significa un trabajo de investigación que requiere discrección", ha añadido.

Además, ha destacado la "necesaria" colaboración del Banco de España y de la CNMV. Respecto del primero, ha señalado que su colaboración está teniendo un "rendimiento procesal muy satisfactorio" y que su participación en las investigaciones "resultará extraordinariamente valiosa".

Determinadas actuaciones, a juicio de Torres-Dulce, "han afectado severamente al sistema financiero y nos han conducido parcialmente donde estamos", a lo que hay que sumar el hecho de que las investigaciones abiertas a estas entidades responden a "una demanda social creciente".

Recientemente, se ha incrementado la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción en tres nuevos efectivos y se han concedido "más medios" a este departamento, por lo que según Torres-Dulce "estamos en las condiciones precisas para enfrentarnos a esa tarea".Para el fiscal general la lucha contra la "infección" que las conductas corruptas causan a la democracia deben preocupar "absolutamente a todos".

"DENUNCIADO" EN VEZ DE "IMPUTADO"

En este punto, Torres-Dulce ha reconocido la "lacra terrible" que supone en este momento calificar a una persona como "imputado" y ha mostrado su deseo de que la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) clarifique este asunto para denominar de otra manera a aquellas personas respecto de las que se inicie una investigación. Cree que deberían ser denominados como "querellados" o "denunciados".

Finalmente, el fiscal general ha eludido pronunciarse si debe bastar una imputación para motivar la dimisión de un cargo público, al asegurar que dicha posibilidad debe ser valorada por el partido político o la persona. No obstante, no cree que España sea un país tolerante con la corrupción, "y en este momento mucho menos".

Preguntado por delitos como el fraude del IVA, Torres-Dulce ha manifestado su preocupación por el incremento de este tipo de delitos. "Pero el hecho de que se produzcan conductas crecientes de corrupción no significa que la propia sociedad tolere esa corrupción -ha señalado-. A veces hay una cierta percepción de que el sistema está más tocado de lo que pudiera estar".

Además el fiscal general es partidario de que exigir a la Administración de que actúe de filtro "para que a los tribunales no llegue más de lo que debe llegar". Destaca, por ejemplo, el 85 por ciento de conformidades alcanzadas en delitos como los de seguridad vial.