La Fiscalía archiva la denuncia de la Cámara de Cuentas por la filtración de un documento sobre los ERE

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, por la "filtración interesada" de un "documento interno no oficial" sobre trabajos "no terminados" de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía.

Tras abrir las diligencias de investigación el pasado 4 de junio al entender, "al menos de forma inicial", que los hechos podían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha dictado un decreto en el que decide archivar la denuncia "ante la imposibilidad de poderse individualizar en persona o personas concretas la conducta de difusión de la información reservada".

En el decreto de archivo dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, Segarra dice que "no cabe ninguna duda de la inconveniencia que ha supuesto la difusión pública de dicha información para el funcionamiento interno de la Cámara de Cuentas, cuyo pleno está pendiente de pronunciarse sobre la aprobación de dicho anteproyecto, pero es evidente que ello no va a distorsionar el pronunciamiento que realice el Pleno", subraya la fiscal jefe.

Al hilo de ello, dice que "el público conocimiento del borrador es dudoso pueda suponer un perjuicio efectivo a la causa pública, por lo que correlativamente existen serias dudas sobre que los hechos pudieran obtener la calificación" de delito de revelación de secretos, un delito que, "en todo caso, tiene la consideración de delito menos grave, pues se encuentra castigado con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial de uno a tres años".

La fiscal jefe pone de manifiesto que, según el informe policial, al borrador del informe han tenido acceso un total de 12 personas, como son todos los miembros del equipo de auditoría, los miembros de la comisión de revisión, la consejera encargada y el presidente de la Cámara, mientras que, respecto al anteproyecto de informe, han tenido acceso 14 personas, como son los consejeros, la secretaria general y la auditora responsable, así como las secretarias personales de los consejeros.

Además, prosigue María José Segarra, "también cabe considerar que tres de los miembros del servicio informático pueden tener acceso a los documentos que se encuentran en la red común, como es el caso", señalando que, "en cualquier caso, no se ha detectado acceso no autorizado a la red informática corporativa de la Cámara de Cuentas, siendo los servidores y el equipamiento autónomos".

PUEDE PONER LA DENUNCIA EN LOS JUZGADOS

La fiscal jefe considera que "no es procedente dirigir las presentes" actuaciones contra el medio ni el periodista que publicaron la información, todo ello "por entender que la salvaguardia de las fuentes de información en un asunto de la trascendencia que nos ocupa es de obligada invocación para el profesional de la prensa". Además, "la entidad menor del delito investigado no se compadece con orientar la investigación a un hipotético decaimiento del secreto profesional y la correlativa protección de las fuentes periodísticas, por lo que se prescinde de esa vía de investigación".

Por todo ello, acuerda archivar la denuncia interpuesta por el presidente de la Cámara de Cuentas aunque señala que, "de no hallarse conforme con la presente resolución, puede reproducir su denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla".