La Fiscalía se opone a que Munar declare por videoconferencia en el caso del presunto soborno cobrado por Can Domenge

Ahora es el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, quien debe decidir si acepta o no que Munar deponga desde el centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde el 24 de julio de 2013. De rechazar finalmente la petición, esta sería la primera vez que la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) saldría de prisión.

Por su parte, este jueves es el turno, también como imputados, del exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, y del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal (11.00), quienes han acudido a los Juzgados de Via Alemania tras salir de la cárcel, donde cumplen condena por varias causas de corrupción. Junto a Munar, también está citado este viernes el supuesto intermediario que entregó el soborno, Miquel Llinàs.

Fue el propio Vicens -condenado en firme a tres años de prisión por una pieza del caso Son Oms, a otros tres años por otra pieza del caso Maquillaje y a ocho meses por el caso Can Domenge- quien confesó que tanto la histórica dirigente de UM como Nadal, él mismo y la extinta formación regionalista -desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesan sobre sus espaldas- percibieron hasta un total de cuatro millones de euros por la venta irregular de los solares.

Vicens entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho investigado, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía Anticorrupción a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, se sumó la d el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, quien reconoció que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.

Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado por su parte a dos años y tres meses (en firme) por una pieza del caso Maquillaje, a cuatro años por otra pieza del caso Voltor y a otros cuatro por el caso Maquillaje.

Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

PAGO REALIZADO EN DOS ENTREGAS

El empresario, tras acceder a la petición de Nadal, relató que el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero.

Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).

Un día después de conocerse la sentencia, el tribunal decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular.