Fiscalía de Sevilla mantiene su petición de 15 meses de cárcel para Cañamero, que no acude al juicio

La Fiscalía de Sevilla ha mantenido este viernes su petición de un año y tres meses de cárcel para el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por los incidentes ocurridos en septiembre de 2009 después de que, junto a decenas de militantes del SAT, intentase cortar la SE-30 en el Puente del Quinto Centenario de la capital hispalense en el marco de una jornada de reivindicación en demanda de ayudas económicas para los trabajadores del campo.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla ha acogido el juicio contra el propio Diego Cañamero, que no se ha personado en la sala al haberse declarado "insumiso judicial" y para quien el Ministerio Público ha pedido 15 meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y el pago de una multa de 480 euros por una falta de lesiones, mientras que su defensa ha interesado la libre absolución.

Asimismo, han sido enjuiciados otros cinco militantes del SAT, los cuales se han reconocido autores de los hechos y han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, de manera que tres de ellos han aceptado una pena de seis meses de cárcel; un cuarto ha aceptado diez meses de prisión y el último, para quien la Fiscalía pedía cuatro años y tres meses, ha admitido ser condenado a 15 meses de cárcel.

CAÑAMERO SÍ PAGA LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Todos los acusados, incluido el propio Diego Cañamero a pesar de que no se declare responsable de los hechos, han abonado un total de 6.029 euros en concepto de responsabilidad civil, han apuntado las mismas fuentes consultadas a Europa Press.

En el juicio, ha declarado como testigo un policía nacional que intervino en el dispositivo de seguridad puesto en marcha tras la concentración de cien militantes del SAT, incluido Diego Cañamero, en la rotonda de la carretera de la Esclusa en dirección al Puente del Quinto Centenario.

Este agente ha afirmado con rotundidad que Cañamero le lanzó una piedra de un kilogramo de peso, a una distancia de diez metros, que le impactó en el abdomen.

Las personas concentradas "nos pegaron puñetazos, patadas, nos dieron con los palos de las banderas, nos tiraron piedras, tuercas, tornillos...", ha relatado este agente, que ha asegurado que los policías intervinientes no llevaban casco ni defensas porque "no esperábamos" que pasara lo que luego ocurrió y sólo pretendían que los concentrados no accedieran al puente.

CONCENTRACIÓN DEL SAT

Coincidiendo con la celebración del juicio, varias decenas de militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos el propio Diego Cañamero, se han concentrado a las puertas del edificio Noga en defensa de sus compañeros, que han sido acusados "por luchar por los derechos de todos".

Diego Cañamero fue detenido portando supuestamente una piedra que pretendía arrojar a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que controlaban la protesta. "Yo lo que llevaba en la mano era un megáfono, no una piedra", dijo el propio Cañamero a Europa Press tras ser detenido por intentar cortar la SE-30.

Estas movilizaciones incluyeron el intento de cortar las vías del AVE que unen Sevilla y Madrid y la ocupación de las instalaciones de la RTVA. Así, fue el 6 de septiembre de 2009 cuando varias decenas de militantes del SAT, encabezados por el alcalde de Marinaleda y exdiputado andaluz de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, irrumpieron en la sede de la RTVA y ocuparon "por la fuerza durante algo más de dos horas el plató y la redacción de los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión".

Según los representantes del antiguo SOC, la acción sindical formaba parte de una jornada de reivindicación en demanda de ayudas económicas para los trabajadores del campo. Los sindicalistas exigieron en primera instancia aparecer en el plató rodeando a los presentadores durante la emisión del informativo de mediodía así como la realización de una entrevista, en directo, a Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Tras negociar con representantes de RTVA y miembros de la Policía Nacional desplazados a la sede de la televisión pública andaluza, decidieron finalizar la ocupación y fueron desalojados de forma pacífica.