Fiscalía apoya que TS investigue a Chaves y Griñán por posible prevaricación y malversación apuntadas por Alaya

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita a la Sala de lo Penal de este órgano que se declare competente para conocer el "real alcance" de los hechos atribuidos por la juez de Sevilla Mercedes Alaya a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros tres ex altos cargos "preimputados" inicialmente en la causa de los ERE presuntamente irregulares. Apunta que no cabe que las presuntas prevaricación y malversación atribuidas queden sin contenido por el hecho de estudiarse por separado.

El informe de Fiscalía dado a conocer íntegremante este miércoles se refiere sólo a la competencia del Tribunal Supremo y no analiza el fondo del procedimiento, si bien cita los presuntos delitos atribuidos indiciariamente a los expresidentes andaluces y el resto de "preimmputados" por la juez al argumentar a favor de la separación de la investigación en piezas separadas.

Tampoco cree que la escisión de la causa en piezas separadas tenga repercusión en la cantidad de pena que puedan recibir, de ser finalmente encausados y juzgados los aforados en varias de las piezas separadas que eventualmente pudieran abrirse, ni que ello suponga peligro de prescripción por tratarse de posibles delitos continuados, tal y como los plantea la juez Alaya en la exposición razonada que remitió al Supremo el pasado mes de agosto.

Así, pide al Supremo que se declare competente y designe un magistrado instructor "según el turno correspondiente" lo que afecta a los cinco aforados nacionales Manuel Chaves, y los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso; y de la también exconsejera de Andalucía Mar Moreno y del expresidente José Antonio Griñán, en su calidad de senadores.

A FAVOR DE TROCEAR LA CAUSA

La Fiscalía incide así en la postura expresada en reiteradas ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora sobre la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separada.

De entrada, apunta que las diligencias previas del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla "se encaminan, si es que no lo rebasan, hacia los 100.000 folios de extensión y superan el número de 200 imputados", y que estas cifras "hacen inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto y obligan a adoptar fórmulas que faciliten el tratamiento procesal de imputados y hechos".

El escrito, que firman Fernando Prieto Rivera y Rafael Escobar Jiménez, señala textualmente que "las piezas separadas no son sino una herramienta para el manejo procesal de determinado hechos complejos que, como tales, perviven en la pieza principal y en el conjunto de todas las piezas".

Según el criterio de la Fiscalía del Supremo, los hechos que se enjuiciarían en el alto tribunal sería, a 'grosso modo', "crear un sistema de concesión de ayudas sin sujeción a control alguno y dotarlo de los correspondientes fondos con la finalidad de lograr y mantener la paz social en Andalucía", y éstos son independientes de los hechos posteriores acaecidos en cada ayuda.

"En nada afecta a su tipificación que en la Dirección General haya habido o no expedientes, solicitud formal previa, control de las condiciones y cumplimiento de los fines de la ayuda, hayan mediado o no sobrecomisiones, existan o no en las pólizas 'intrusos', apuntan los fiscales firmantes.

CUATRO A TSJM

Además, los fiscales del Supremo que han analizado esta cuestión consideran que la causa es escindible y que nada impide que en su caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también pueda asumir la investigación en lo referido a los aforados autonómicos.

Se trataría de investigar aquí en Madrid a los cinco diputados y senadores "preimputados" por Alaya y en el TSJA a los exconsejeros : Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

HECHOS, DESVÍO DE 855 MILLONES

Según se desprende de la mencionada exposición razonada, en un período de tiempo que comprende desde el año 2000 hasta el 18 de octubre de 2012, en el seno de determinados organismos de la Junta de Andalucía tuvo lugar un proceso de asignación de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, concretado y ejecutado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en virtud del dos programas que habría supuesto.

Insiste la Fiscalía que "siempre según la exposición razonada y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación judicial" , la ilegal aplicación de fondos públicos ascendería a 855 millones de euros.

Ahora, la Sala de Admisiones del Supremo deberá decidir si acoge el criterio de Fiscalía o adopta uno diferente, como podría ser arrastrar también a los diputados autonómicos o incluso rechazar la asunción de la causa en espera de que Alaya concrete mejor sus indicios contra los exaltos cargos autonómicos.

Este informe estaba pendiente desde que el pasado 4 de septiembre la Sala de lo Penal del Supremo dio traslado a la Fiscalía de la exposición razonada en la que la juez Alaya se refería a la posible implicación en la tramitación de EREs irregulares de nueve ex altos cargos de la Junta entre los que había varios aforados.

El escrito que la juez remitió al Supremo tenía más de 300 folios, al que se sumaban 20 tomos del total que integran el sumario, así como diversa documentación digitalizada y audiovisual.