La Fiscalía pide el archivo de la causa contra ocho activistas de Greenpeace que subieron al tejado del Congreso

En un escrito presentado al Juzgado Central de Instrucción número 3 el fiscal Luis Barroso explica que no consta que la intención de los activistas fuera la de invadir la sede del Congreso ni que quisieran emplear la fuerza, violencia o intimidación.

Tampoco hay constancia, dice el Ministerio Público, de que se alterara el normal funcionamiento de la sesión plenaria que se celebraba aquel día, por lo que no dió la comisión de un delito contra las Instituciones del Estado.

Gómez Bermúdez dejo en libertad a los ocho miembros de Greenpeace, a los que impuso comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios. En el momento de la protesta, los diputados se encontraban en el interior del hemiciclo debatiendo sobre la Ley de Costas. Al menos tres de los activistas consiguieron sortear la acción de la Policía y saltaron una valla que rodea el perímetro del edificio, que se encuentra en obras.

Posteriormente aprovecharon el andamiaje de estas obras para llegar hasta el tejado donde mostraron una pancarta en la que se podía leer: 'El PP vende nuestras costas'. Uno de ellos se descolgó con una cuerda por la fachada de la entrada principal, habitualmente cerrada. El fiscal destaca en su escrito que el grupo de ecologistas empleó una furgoneta que, a modo de maniobra de distracción, paró en la puerta de Los Leones para atraer la atención de la policía.

Pone también de manifiesto que la detención de los activistas comportó "evidente riesgo" para los policías que intervinieron en ella ya la zona se encuentra en obras y "la escalera por la que tuvieron que subir a toda velocidad mide 23 metros desde el suelo hasta el techo".