La Fiscalía pide un total de 48 años de cárcel para los acusados del caso Turisme Jove en Baleares

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 48 años y medio de prisión para 13 imputados del caso Turisme Jove, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre los años 2003 y 2007 una trama por la que habría desviado más de un millón de euros a través de esta empresa pública y que provocó que la entidad quedase en quiebra técnica.

En concreto, el Ministerio Público solicita 10 años y medio de cárcel para el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, 12 para el ex director general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y cuatro y medio para el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa, Juan Francisco Gosálbez, principales encausados de este procedimiento. La acusación ha decidido finalmente dirigirse contra 13 de los 21 encausados de este proceso judicial.

Así consta en el extenso escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, que han formulado los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, pusiera fin a la instrucción de esta causa. En concreto, el Ministerio Público les atribuye delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

La Fiscalía considera que los tres anteriores acusados llevaron a cabo diversas actuaciones dirigidas a conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado. "Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales.

Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

COBRO DE COMISIONES POR LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

Otros de los imputados a quienes acusa la Fiscalía son el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo; el rotulista Pau Pujante y el hotelero francés André José Villena, quien según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

Mientras tanto, los otros encausados para quienes la Fiscalía ya solicitó el sobreseimiento de la causa son el publicista Joan Rosselló; la ex secretaria general de la Conselleria de Medio Ambiente, María de los Reyes; Juan Pedro Carbonell; el director ejecutivo de Sáez Urios, Antonio Noguera; el arrendador de un local de Turisme Jove, Bernardo Carbonell, y los empresarios José Manuel Maíz, Llorenç Jaume y Matías Vidal, si bien el juez decretó que continuase el proceso penal contra ellos.

Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.