La Fiscalía advierte a una abogada que su relación con ETA pone en riesgo a su hija

La abogada, que debía representar a seis acusados en el juicio pendiente contra 35 miembros de Batasuna, el PCTV y ANV, presentó esta semana su renuncia a defender a sus clientes y alegó que su arresto durante dos días "ha afectado a su hija" lo que le impide "compatibilizar" la atención a la niña con la vista oral.

Su intención de apartarse ha provocado un nuevo retraso en el inicio del procedimiento que ya se aplazó el primer día señalado para su inicio a consecuencia de la operación de la guardia civil. El tribunal, presidido por la juez Concepción Espejel, pidió a las partes que se pronunciaran sobre esta petición y otra posterior, en este caso de los acusados, que han solicitado también que no sea ella quien les defienda.

El Ministerio Público pone en duda, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la postura de la abogada e indica que la "pretendida afectación de la niña" por la detención de la letrada "no está demostrada" ya que no hay dictamen médico que la acredite. "No resulta verosimil que una menor de dos años haya tenido conocimiento del hecho de la detención por medios distintos a los de sus progenitores", dice el fiscal.

"Lo que produce una situación de riesgo para la menor no sería, por tanto, la acción judicial o de la guardia civil, sino que de acreditarse los hechos indiciariamente apreciados sería la presunta vinculación de la abogada con actividades vinculadas a organización terrorista", dice, en concreto, el escrito.

"Que la letrada se tenía que enfrentar a un juicio de varios meses de duración y que tiene una hija menor de edad ya era un hecho cierto y conocido cuando aceptó la defensa y debía de tenerlo suficientemente previsto", añade.

SIN FONDOS PARA EL JUICIO

La Fiscalía también se refiere a una segunda alegación expuesta por la abogada, que ha asegurado que "sus cuentas bancarias han sido bloqueadas en el procedimiento penal en el que ha sido detenida" y no puede hacer frente a los gastos de la defensa.

En este caso, el fiscal apostilla que esta carencia de dinero "puede remediarse" si sus clientes aportan la documentación de las provisiones de fondos que hayan hecho para afrontar el juicio y que, mediante la petición oportuna, serán restituidos si no tienen relación con el delito investigado, integración en organización terrorista.

La Guardia Civil detuvo a principios de enero a 12 abogados de ETA y otras cuatro personas pertenecientes a la organización de apoyo a los presos Herrira, acusados de servir de correa de transmisión entre la organización y los reclusos y de delitos contra la Hacienda Pública.

Los letrados llegaron a ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera), según informó Interior.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el ingreso en prisión de los miembros de Herrira y dejó libres a todos los abogados, a los que prohibió, durante el tiempo que dure la instrucción, realizar rondas de control a los presos de ETA.