La Fiscalía se opone a archivar el genocidio del Sáhara porque era suelo español y no afecta la nueva justicia universal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a archivar dos causas que se siguen en la Audiencia Nacional por el genocidio en el Sáhara Occidental ya que era "provincia española" cuando se cometieron los hechos y además la reforma de la justicia universal no afecta a estos procedimientos.

En sendos escritos, presentados a los jueces Pablo Ruz e Ismael Moreno, los fiscales sostienen que España "sigue siendo, de iure, aunque no de facto, la potencia administradora" del Sáhara hasta que finalice el periodo de descolonización.

A fecha de hoy, añaden, la Misión de las Naciones Unidas sigue en el Sáhara Occidental y, desde el punto de vista jurídico, se trata de un "territorio no autónomo sometido a un proceso de descolonización pues el referéndum aun no se ha celebrado".

En el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, el fiscal José Perals explica que el supuesto genocidio se cometió cuando este territorio era "aun provincia española" y que el hecho de que España lo abandonara, en contra de resoluciones de la ONU, "no implica que no pueden continuar investigándose los hechos posteriores a 1976". Para destacar la "conexión absoluta" con nuestro país, añade que las víctimas tienen la nacionalidad española.

"Sobreseer este procedimiento supondría renunciar al ejercicio de la jurisdicción sin existir causa legal para ello, cosa que el órgano judicial no puede hacer pues se produciría una vulneración del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva de la Constitución", sostiene la Fiscalía, para precisar que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo y Marruecos no es su soberana.

INVESTIGACIONES DE RUZ Y MORENO

El Juzgado de Pablo Ruz mantiene abiertas dos investigaciones sobre el genocidio en el Sáhara, una de ellas presentada contra exmilitares marroquíes por el supuesto genocidio de cientos de saharauis durante los años 70, 80 y 90.

La otra persigue a 29 oficiales del Ejército de Argelia y dirigentes y miembros de seguridad del Frente Polisario por el genocidio y la desaparición de ciudadanos saharauis y disidentes de esta organización en los campos de refugiados de Tindouf desde 1979.

Por su parte, el juez Ismael Moreno investiga la muerte en 2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El Aaiún. En este caso, el fiscal Pedro Rubira ha expuesto que la disposición de la nueva justicia universal, que obliga a archivar los casos de forma retroactiva, no es de aplicación en este caso.

"Tanto a nivel formal como jurídico, al Sáhara español se le consideraba como una provincia española", recoge el escrito, para concluir que España se convirtió en su "potencia administradora" desde 1965 y que no puede considerarse marroquí ni aceptarse que el reino alauí es competente para investigar estos heechos.