Fiscalía admite que los "frustrantes" resultados en la investigación de casos de bebés robados causa "gran desilusión"

La Fiscalía General del Estado ha constatado que los "frustrantes" y "desesperanzadores" resultados de las investigaciones abiertas en torno a los casos de 'bebés robados' están causando una "sensación de engaño y de una desilusión grande" a los familiares afectados ante la imposibilidad de saber la verdad sobre sus orígenes.

En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Secretaría General Técnica advierte de que muchas de estas personas se han visto privadas del "cariño" de su medio familiar y tienen un "indiscutible" derecho de asistencia que los poderes públicos están obligados a prestar.

No obstante y pese al "indiscutible esfuerzo" e implicación por parte de los fiscales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el informe advierte de que gran parte de las investigaciones han acabado en decretos de archivo.

En la actualidad el número de diligencias de investigación que se están tramitando en las Fiscalías se eleva a 129, habiéndose judicializado 494. Además, se han dictado 1229 decretos de archivo.

Según explica, la actuación de los fiscales ha estado inspirada en la necesidad de adoptar todas las líneas posibles de indagación desde que el 27 de enero de 2011 comparecieron afectados por estas sustracciones bajo la representación de ANADIR. Denunciaban que entre los años 50 y 90 se habían producido en distintos hospitales españoles robos de recién nacidos.

PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN

Entre los "problemas" detectados en la investigación de estos casos, la Fiscalía destaca las dificultades para localizar legajos de aborto anteriores a 1979, historias clínicas dado el tiempo transcurrido o el hecho de que los enterramientos en una fosa general han impedido exhumar restos o los resultados no han obtenido el estándar de prueba exigible en los procesos penales.

En muchas ocasiones ha sido imposible interrogar a los testigos que asistieron en los partos o estuvieron presentes en hospitales o cementerios porque han fallecido o sufren una enfermedad "invalidante".

Así, entre los motivos que conducen al archivo de las diligencias de investigación, se encuentra la imposibilidad de acreditar el delito, el desconocimiento del lugar del enterramiento o la imposibilidad de realizar una prueba de ADN por la degradación de los cadáveres.

El Ministerio Público destaca que la mayoría de los archivos no han sido recurridos por los denunciantes, lo que constituye, a su juicio, un "síntoma de que los afectados han sido conscientes de que las investigaciones se han llevado al límite de sus posibilidades, y que si no han rendido frutos más prometedores, ello no ha sido fruto de la inactividad del Ministerio Fiscal".

"Los decretos de archivo de las diligencias de investigación han sido debidamente justificados en la previa comprobación del fallecimiento del niño supuestamente sustraído, o en la ausencia de indicios racionales que permitan sustentar el ejercicio de una acción penal viable ante los tribunales; en ningún caso el archivo se ha sustentado en la prescripción de los delitos investigados, pues se ha considerado pertinente que antes de efectuar un pronunciamiento de tal clase se agoten todas las posibles líneas de investigación", ha concluido.