La Fiscalía no ve indicios contra aforados nacionales en el "caso Gürtel"

Así, el Ministerio Público insta a Garzón a remitir la investigación por la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, reafirmándose en el dictamen emitido el pasado 18 de febrero también a petición del magistrado, según ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa.

De cualquier modo, y aunque no es previsible, el juez podría acabar elevando una exposición razonada al Supremo, ya que el informe que hoy le ha entregado la Fiscalía no es vinculante, han señalado fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional.

El pasado miércoles, y tras recibir un informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que, según Garzón, "se contienen nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un nuevo caso de aforamiento", el magistrado pidió nuevamente su opinión a Anticorrupción.

El juez dictó una providencia dando a un plazo de 48 horas a la Fiscalía -que ésta se apresuró a anunciar que no respetaría- para que informara no sólo de si procedía remitir una exposición razonada al Supremo "sobre los casos de su competencia", en referencia a los aforados nacionales presuntamente implicados, sino sobre si lo más adecuado no sería remitir todo el caso al Alto Tribunal.

Los aforados contra los que Garzón apreciaba indicios de delito eran el senador Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, y el eurodiputado de este partido Gerardo Galeote.

La Fiscalía, sin embargo, ha considerado que los datos que obran en la causa sobre ellos -según lo publicado por varios medios de comunicación, varios de los imputados en el caso les citan en sus conversaciones como perceptores de ciertas cantidades de dinero- no están corroborados por otros indicios y no son suficientes para pedir al Supremo que les investigue.

El Ministerio Público sí considera bastantes los indicios contra aforados autonómicos, por lo que ha reiterado su petición a Garzón de que se inhiba de la práctica totalidad del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la excepción de la investigación de determinados hechos "perfectamente escindibles", que debería seguirse en el de Valencia.

Entre los aforados que debería investigar el TSJ madrileño figuran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico Alberto López Viejo y, según informaciones periodísticas, los también diputados regionales Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Mientras tanto, los diarios El País y El Periódico de Catalunya publicaron el pasado 19 de febrero que la Fiscalía también veía indicios de delito en la actuación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

En el escrito entregado hoy, el Ministerio Público advierte de que, mientras se resuelve qué órgano judicial es el competente para continuar con la investigación, Garzón puede seguir instruyendo la causa, de acuerdo con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De hecho, el juez ha tomado declaración esta mañana a varios imputados, entre ellos al ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega y al empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri, a los que ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

También había citado para hoy al ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, pero éste se ha negado a declarar como imputado hasta que el magistrado se inhiba y se sepa qué tribunal se hará cargo de la investigación.

De las 37 personas imputadas hasta ahora en la causa, son ya veintiséis -sin contar a González Panero- los que se encuentran en libertad, mientras que sólo tres han ingresado en prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

El juez tiene previsto interrogar mañana a los otros siete imputados, entre ellos a José Javier Nombela -ex asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa, que fue cesado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a causa de su imputación- y a Pau Collado, ex director general del Gobierno balear con Jaume Matas (PP) y que trabaja para Easy Concept, empresa de Correa.

Finalizadas esas declaraciones, está previsto que Garzón se inhiba del caso.