La Fiscalía pide que se investigue a uno de los abogados en un juicio por narcotráfico por obstrucción a la Justicia

Este martes al arrancar el juicio uno de los acusados, Severo G.M., se dirigió al tribunal para informar que su abogado "no se había podido presentar por un problema médico" y comunicó que renuncia a su defensa y nombrará a un nuevo letrado.

La Fiscalía, según ha manifestado, pide que se investigue a este abogado por obstrucción a la Justicia, al entender que se trata de una maniobra dilatoria.

El abogado presentó la pasada semana unos informes médicos solicitando la suspensión. Sin embargo, el fiscal Varela señaló que en ellos "no se refleja que padezca ninguna patología que haga necesaria la suspensión" por lo que el secretario judicial dictó un decretó en el que se rechazaba esta posibilidad.

El fiscal Pablo Varela ha criticado este martes la presentación "de manera intempestiva y sin aviso a la sala" de este parte de baja "con fecha posterior a la denegación de la suspensión de este juicio de causa con preso". "No nos creemos que esté enfermo", afirmó.

CAUSA COMPLEJA

La causa que se iba a juzgar es "compleja" como coincidieron en señalar todas las partes. La Fiscalía de Pontevedra solicita once años de cárcel para cada uno de los acusados como autores de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y cometido "simulando operaciones de comercio internacional entre empresas".

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la trama estaba formada por dos vecinos de Vigo, Severo G.M. y Alberto C.R., y un presunto contacto colombiano, Antonio Cruz V.S..

Todos ellos se dedicaban, según la Fiscalía, a la importación de cocaína desde Sudamérica a España utilizando para ello dos sociedades mercantiles de las que era titular, Vigo Fish y Garrido Import Export.

JUSTICIA UNIVERSAL

La de este martes no fue la primera ocasión en la que se suspende este juicio. Anteriormente fue aplazado al alegar la defensa de uno de los acusados que el tribunal provincial no era competente para juzgar el caso al entender que incumplía los requisitos establecidos en la ley 1/2014 que reforma la Justicia Universal.

Finalmente, la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra desestimó el recurso.