La Fiscalía mantiene su petición de 5 años de cárcel para los 19 acusados de asediar el Parlamento catalán

El Ministerio Público ha elevado a definitiva su petición de pena en el juicio que sigue la Audiencia Nacional contra los acusados de bloquear la Cámara Autonómica para protestar contra los recortes e impedir el debate y votación de los presupuestos catalanes. Además, solicita una multa de 7.500 euros.

La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, también se ha ratificado en los 8 años y medio de prisión que pide para cada uno de los procesados, mientras que la Generalitat y el Parlament solicitan sendas penas de tres años de cárcel para algunos de los acusados.

Al inicio de la sesión, la Fiscalía ha renunciado a que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, declare en el juicio después de que la testigo haya aportado un certificado médico en el que alega que todavía se encuentra convaleciente de la intervención quirúrgica a la que se sometió hace semanas.

En la vista, un grupo de peritos ha expuesto los estudios fisionómicos que han manejado en la identificación de los acusados. Entre los rasgos analizados, han estudiado sus lunares, la forma del mentón, del lóbulo nasal, del pabellón auricular, la nuez y hasta la región occidental, donde se encuentra la nuca.

Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals consideran que los manifestantes provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara. En su escrito de conclusiones preliminares destacan que los diputados --entre los que se encontraba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al recinto a través del "método absolutamente inhabitual" del helicóptero-- fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".