Foro insta a Javier Fernández a iniciar la vía judicial para ejecutar la sentencia de los fondos mineros

A finales de 2013 los tribunales dieron la razón a Asturias y ordenaron el abono por parte del Gobierno central de los recursos correspondientes a los convenios de 2011 de los fondos mineros para la reactivación de las comarcas mineras. Posteriormente la Audiencia Nacional ratificó la sentencia y desestimó el recurso del Ejecutivo central.

A través de una nota de prensa, Martínez ha informado este martes de que Foro ha registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a exigir el cumplimiento de las citadas sentencias judiciales. "El Gobierno de Foro no planteó las acciones judiciales con urgencia para que ahora Javier Fernández permanezca pasivo ante unos recursos que son de los asturianos", ha explicado.

A su juicio, el actual presidente asturiano, Javier Fernández, sigue "plegado" ante Mariano Rajoy. Para Foro, resulta inexplicable que tras siete meses desde la notificación de las resoluciones judiciales no se haya dado cumplimiento a las mismas.

"Ante el transcurso del tiempo, la conducta del Ministerio de Industria confirma la táctica dilatoria de Rajoy para incumplir la sentencia que obliga al Estado a pagar 213 millones de euros de Fondos Mineros a Asturias, y evitar con ello dar cumplimiento a una Sentencia firme, e igual de reprochable es la actitud pasiva del Gobierno del Principado de Asturias", ha lamentado.

Desde Foro han recordado que, según la ley, transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

Martínez concluyó diciendo que los 213 millones de euros "que el Gobierno de Rajoy se niega a abonar a Asturias" son imprescindibles para el Principado y especialmente para unas cuencas mineras "azotadas por el paro y amenazadas con la desertización".

Ha insistido en que si los tribunales han dado la razón a Asturias ha sido por la reclamación iniciada por el Gobierno autonómico presidido por Francisco Álvarez-Cascos tras el "atropello" cometido por el Consejo de Ministros a finales de 2011.