El Foro por la Memoria denuncia las agresiones en Poyales de Hoyos

Bruno Coca Arenas, del Foro por la Memoria de Ávila, ha advertido de que su organización y las otras que participaron en el acto de protesta han presentado la oportuna denuncia por lo ocurrido, junto con otra veintena de personas que se ha sumado a la misma, y ha mostrado su propósito de adjuntar el material gráfico necesario, integrado por vídeos y fotografías, con el fin de facilitar la identificación de quienes salieron a su encuentro para "reventar" un acto cívico e impedir que ejercieran su derecho de libertad de expresión.

En este sentido, Coca, en declaraciones a Europa Press, no ha dudado al asegurar que los responsables de los incidentes "lo tenían todo perfectamente orquestado", ya que, tal y como ha asegurado, inicialmente "mandaron a las mujeres para increpar y luego aparecieron arrasando cuatro o cinco energúmenos y aquello fue tremendo y nos llamaron de todo".

Rojos, fuera del pueblo

El portavoz del Foro por la Memoria de Ávila ha confesado que sintió verdadero miedo, no sólo por el "tono subido" de los calificativos recibidos, del tipo "rojos fuera del pueblo", "a doscientos metros de profundidad más tenían que estar" (en alusión a los cuerpos de los represaliados) u "ojalá que vuelva Franco", sino por los gestos de alguno de los vecinos en ademán de cortarles el cuello.

"¡Había gente que tenía los ojos inyectados en sangre. He participado en muchas otras concentraciones y jamás había visto una cosa así!", ha recordado aún con temor Bruno Coca, quien ha expresado su deseo de que la denuncia interpuesta se traduzca en las acciones penales correspondientes contra los autores de dichas agresiones verbales y en algún caso físicas.

La movilización celebrada ayer por distintos colectivos a favor de la recuperación del memoria histórica se produjo en respuesta a la decisión del alcalde de Poyales, del PP, de exhumar de un panteón los restos de diez personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y depositarlos en una fosa común.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido la intervención de los dirigentes del PP tras el "lamentable espectáculo" que se produjo ayer en la localidad abulense.

A su juicio, se trata de un momento "adecuado" para que el PP demuestre que exige a otros la condena de la violencia. "No es comprensible que el partido mire hacia otro lado cuando el alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, ha llevado a cabo un claro incumplimiento de los Estatutos del partido que en su artículo tercero dicen que el Partido Popular quiere distinguir su actuación general por un compromiso renovado con el derecho a la vida, la integración y el respeto a las minorías y la defensa y solidaridad con las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones", han señalado en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

El alcalde no merece amparo

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la actuación del alcalde de Poyales del Hoyo de devolver a una fosa común a hombres y mujeres que han padecido "el peor delito que se puede cometer contra un ser humano" no debe tener "justificación ni amparo".

"No es comprensible que una institución municipal niegue derechos fundamentales como son el de una sepultura digna y borre los nombres de seis hombres y cuatro mujeres que fueron secuestrados, torturados, asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer, sufriendo sus familias el peor acto terrorista que puede padecer un ser humano", ha destacado.

Por estos motivos, la ARMH espera que los y las dirigentes del Partido Popular tomen las medidas oportunas para reconducir la situación y que el alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, "repare el error cometido por el edil popular que podría haber cometido un delito penal".

Así, el colectivo ha explicado que, por un lado el artículo 526 que considera delictiva la "falta al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare" y, por otro, se está analizando si el modo y la acción llevada a cabo podrían suponer la vulneración del artículo 510 que considera delictivos los actos que "que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

Finalmente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recordado en el nicho, cuyos gastos fueron sufragados por las familias de las tres primeras mujeres exhumadas, se encontraban los restos de Virtudes de la Puente Pérez, de 53 años; Pilar Espinosa Carrasco, de 43; Valeriana Granada, de 26 años, embarazada de varios meses (exhumadas el 24 de octubre de 2002); y Régulo Martín Plaza, de 36; Francisco Martín Vélez, de 69; Ceferino Gómez Díaz, de 82; Tomasa De la Peña García, de 62; Benjamín Gómez De la Peña, de 24 (hijo de los dos anteriores); Tomás Retamal Sánchez, de 32 y Emilio García Hornillos, de 34 (exhumados en mayo de 2010).