Funcionario de Urbanismo niega "tajantemente" pertenecer a posible trama corrupta en Granada

Tras casi dos horas de interrogatorio, su abogado, Ernesto Osuna, ha explicado a los periodistas que su cliente ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado tanto la titular del Juzgado, Mª Ángeles Jiménez y la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz Cobo sobre una serie de expedientes urbanísticos y administrativos que están siendo investigados, y en relación a detalles que están vinculados a su servicio dentro de Urbanismo, relacionado con compensaciones públicas por obras privadas.

Según el letrado, el ánimo del funcionario es "de absoluta sinceridad y transparencia y de colaborar en todo lo que sea necesario". Casi todas las preguntas que se le han planteado, según ha explicado Osuna, han sido de índole eminentemente técnica, y no económica, que es lo que se podría relacionar con la corrupción. "La mayor parte de las preguntas han sido puramente técnicas, de planeamiento y de gestión urbanística, que entiendo que hay que diferenciar de ese otro tipo de cuestiones de las que se hablan generalmente de corrupción", ha señalado.

Por ello, el abogado se ha mostrado "enormemente" sorprendido por lo planteado en el interrogatorio que, en su opinión, es más propio del ámbito de lo contencioso-administrativo que del ámbito penal.

Osuna no ha dado detalles del fondo de las preguntas, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, pero ha aprovechado para cuestionar que la Fiscalía sea la que haya dado más información sobre este asunto a la prensa. "La Fiscalía sabrá por qué aporta esas informaciones en un procedimiento en el que no deberían salir informaciones concretas de ningún tipo, y que deberían ser secreto de sumario", ha incidido.

El funcionario, al que se le atribuyen de forma genérica todos los delitos que se investigan en la supuesta trama, trabaja actualmente en el Ayuntamiento, y se encarga de las obras que se hacen con una finalidad pública. Es decir, de establecer aquellas obligaciones que tiene un constructor privado con el Ayuntamiento, para compensar con obras públicas por sus trabajos privados.

Ha negado "tajantemente y contundentemente" pertenecer a ningún tipo de trama, y ha afirmado que no ha cometido "ningún tipo de irregularidad", ni ha dado "trato de favor absolutamente a nadie".

Además de la declaración de la de este funcionario, estaba prevista otra comparecencia, que sin embargo ha sido aplazada al próximo 17 de mayo, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

DIECISIETE INVESTIGADOS

En el caso ya han comparecido un total de ocho de las diecisiete personas investigadas. Antes del funcionario de este martes, un registrador de la propiedad, el empresario y presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada (ACP), Enrique Legerén, la apoderada de la empresa de Romero JJ Consulting, el empresario Roberto García Arrabal, y el consejero delegado de Casería de San Jerónimo, empleado de Romero, el promotor José Julián Romero, y un funcionario ya jubilado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada.

Las comparecencias judiciales continúan este jueves 5 de mayo, el 10, 11 y el 12 de ese mes, además del 17 --tras el aplazamiento de una de las previstas la semana pasada y la de este martes--. El día 11 será el turno de la secretaria general del Ayuntamiento y la ya exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y José Torres Hurtado lo hará al día siguiente. Cada jornada, salvo la del exalcalde y la del día 17, está previsto que comparezcan dos personas, a las 9,30 a 11,30 horas, de menor a mayor relevancia en el caso.

El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.

A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.

Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".

Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.

En las diligencias, declaradas secretas, se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana del pasado 13 de abril un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.

Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.