La Fundación Baltasar Garzón reclama "una política de Estado" para reconocer los derechos de las víctimas del franquismo

En este encuentro han participado también el portavoz del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso; el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Antonio Torres, y la portavoz adjunta de EU en el Parlamento autonómico, Esther López.

Garzón ha explicado que el objetivo de esta reunión era dar a conocer el documento que la fundación trasladó al Senado y la decisión "de todos los grupos políticos" de la Cámara Alta, "excepto el PP", de comprometerse "a firmar una declaración para solicitar la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad de las víctimas del franquismo" y de anunciar "la creación de una comisión para hacer un seguimiento de la implementación de las recomendaciones de Naciones Unidas que han hecho al Estado español" en esta materia.

La portavoz de la entidad ha lamentado que a pesar de esas recomendaciones "no se ha hecho absolutamente nada todavía" y ha criticado "el negacionismo absoluto de los políticos" de España "durante todo el tiempo que llevamos en democracia, no sólo ahora".

"Cómo se explica, no se explica. Fuera de España es muy difícil de explicar y a las víctimas españolas también. Espero que la sociedad se empiece a enterar de que realmente deberíamos exigir" esa actuación de reconocimiento a las víctimas del franquismo porque "debería ser inexplicable, incluso, para las personas jóvenes" que no se lleve a cabo.

María Garzón ha citado entre las iniciativas que se podrán acometer "la creación de una Comisión de la Verdad" o la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas, "que va más haya". En este sentido, ha precisado que la organización internacional "pide que los jueces estén presentes en todas las exhumaciones, que los jueces puedan actuar de oficio, la retirada de los símbolos franquistas o la creación de un banco de ADN para niños robados".

QUE EL ESTADO SE RESPONSABILICE

Igualmente, Garzón ha defendido "el derecho de las víctimas a la información" y ha apuntado, en este sentido, la necesidad de proceder a "la apertura de archivos". "Es mucha tarea por hacer. En definitiva, es una política de Estado lo que se está pidiendo", ha planteado la portavoz de la fundación, que ha indicado que también se reclama que "el Estado español se responsabilice de los crímenes cometidos por el propio Estado".

Por otro lado, el portavoz del PSPV en las Corts ha manifestado el compromiso de esta formación de presentar iniciativas relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la próxima legislatura. "Con toda seguridad plantearemos alguna iniciativa cuando se reanude la actividad parlamentaria", ha asegurado.

Del mismo modo, la portavoz adjunta de EU ha recordado que una de las últimas iniciativas que su grupo defendió en el Parlamento valenciano en este mandato que acaba fue un proyecto de ley "de recuperación de la memoria democrática", a través del cual "instábamos a crear la comisión de la verdad". "Lo llevamos en nuestro programa, no solamente en el autonómico sino en el estatal. Uno de los principios democráticos que creemos fundamentales y que se ha de abordar cuanto antes es el tema la reparación, la justicia y la verdad", ha declarado.

"ESTAMENTOS EUROPEOS"

Por otro lado, Garzón y Alonso han hablado del caso de Teófilo Alcorisa, el vecino de la pedanía conquense de Higueruelas conocido como 'el Padre del Guerrillero', que fue detenido en 1947 durante la represión franquista y enterrado en una fosa común del cementerio de Valencia, al ser preguntados por la situación en la que se encuentran los trámites para proceder a su exhumación.

Garzón, que ha recordado que el caso lo lleva el despacho de Baltasar Garzón, ha comentado que tras quedar desestimado el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, se están estudiando las posibilidades que hay para "acudir a estamentos europeos".

Matías Alonso ha resaltado a este respecto que se han dado "todos los pasos" en el ámbito judicial para resolver este caso. "Hemos pasado ya por todos los estamentos y ahora estamos abocados a trascender el ámbito español. Seguramente iremos a otras instancias europeas, hasta donde haga falta, ha expuesto.

Asimismo, Alonso ha lamentado que la postura del Ayuntamiento de Valencia, del que depende el camposanto en el que fue enterrado Alcorisa, sea "más de figureo" que de actuar. "La presión que se concentró sobre el Ayuntamiento después de que Baltasar Garzón entrara a representar a la familia de Alcorisa, de que se interpusiera denuncia en la ONU y de que viniera el grupo de trabajo internacional sobre desapariciones forzosas, algo movió aunque lo que hay ahora es una marcha atrás", ha planteado.

"IMPONE EL COSTE"

En este sentido, el portavoz del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica ha manifestado que el consistorio "autoriza la exhumación", pero ha criticado que "impone el coste a la familia". Ha apuntado que éste, "según las condiciones que el propio Ayuntamiento impone, son 45.000 euros".

Así, Matías Alonso ha destacado que "ése es verdaderamente el problema con el que se encuentra la familia Alcorisa y todas las familias que aún están esperando que alguien haga algo por ellas". Ha considerado que "la llegada del PP al Gobierno supuso el fin de una política de apoyo, durante la última etapa de Zapatero, a la gran cantidad de personas que aún siguen buscando a sus seres queridos por las cunetas y barrancos".

"En esta situación estamos. Teóricamente se autoriza --la exhumación de Alcorisa-- pero lo ha de pagar la familia", ha censurado el portavoz del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica.