Gallardón defenderá el lunes ante el Congreso su proyecto de ley que sube las tasas en la Administración de Justicia

La Junta de Portavoces acordó este martes incluir este punto en la sesión plenaria del próximo lunes, un día inusual que se ha habilitado para que despejar la agenda parlamentaria del jueves y permitir así la asistencia al Foro Parlamentario Iberoamericano convocado en Cádiz, según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Los grupos de la oposición presentarán ese día las enmiendas a la totalidad en las que piden devolver al Gobierno la norma al considerar que el "desmesurado" incremento de las cuantías tiene un objetivo "recaudatorio" y un "efecto disuasorio" que "cercena" el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio el proyecto de ley que regula las nuevas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el que busca "racionalizar" el ejercicio de la potestad jurisdiccional y asegurar el sostenimiento del sistema de la Justicia Gratuita, puesto que la recaudación contribuirá a financiar este servicio destinado a los ciudadanos que carecen de recursos para litigar.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se obtuvieron en 2011 por este mismo concepto.

PERJUICIO PARA LA CLASE MEDIA

Por su parte, el PSOE, los grupos de Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC, BNG y UPyD critican en sus enmiendas, a las que tuvo acceso Europa Press, la imposición "generalizada" de las tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, con incrementos del 33 al 167 por ciento.

En la práctica, argumentan que los ciudadanos dejarán de acudir a los tribunales para dirimir sus conflictos, sobre todo en aquellas reclamaciones de menor cuantía que el costo de abonar tasas, gastos de abogado y procurador. Una minoría podrá acceder a la Justicia Gratuita, pero la "mayoría" de las clases medias, los pequeños empresarios y los comerciantes quedarán excluidos de ese reconocimiento.

Los socialistas recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que rechaza las disposiciones que impongan requisitos "impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción" con "trabas que resulten innecesarias, exclusivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador".

El PSOE critica la extensión del proyecto al orden social, en el que se resuelve un gran número de conflictos de "tanta relevancia" en tiempos de crisis. En cuanto al argumento del Ministerio de Justicia de que los ingresos financiarán la Justicia Gratuita, advierte de que existirá un "importante excedente" que será ingresado en el Tesoro Público.

SE IMPONE EL "PAGAR POR USAR"

Para Izquierda Plural, supone "un paso más" en la privatización de la Justicia que se enmarca en la lógica de recortes que afectan a otros servicios públicos como Sanidad o Educación. "Se está imponiendo el criterio de pagar por usar", advierte.

La oposición coincide en que es una "absoluta irresponsabilidad" acusar a la ciudadanía de abusar de la Justicia y culpabilizarla de la sobresaturación de los juzgados y tribunales. Recuerda la coalición de izquierdas que el ordenamiento jurídico ya dispone consecuencias para las actuaciones dilatorias sin necesidad de articular este incremento "generalizado y desmesurado".

En esta línea, UPyD censura que se responsabilice a los ciudadanos del exceso de litigiosidad, "como si acudir a los tribunales fuera un vicio o incluso una enfermedad de los mismos, masivamente contagiados del delirio querulante, problema que presentan algunos pacientes psiquiátricos consistente en hacer de los pleitos la razón de su vida".

De otro lado, CiU destaca que el proyecto de ley no ha tenido en cuenta la duplicidad de tasas estatales que se superponen a las autonómicas ya existentes. Los grupos advierten de que ciudadanos de Cataluña o la Comunidad Valenciana sufrirían una situación de desigualdad al afrontar "una doble imposición" con el pago de tasas estatales y autonómicas.

"Es difícil comprender porqué en aquellos pleitos de cuantía indeterminada han de valorarse a efectos del pago de la tasa 20.000 euros, cuando hasta el momento se valoraban en 18.000 euros, tal como prevé el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las pretensiones de cuantía inestimable", advierte también el PNV.

FINIQUITO A LA TUTELA JUDICIAL

A juicio de ERC, este proyecto de ley supone un "finiquito" al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva mediante el establecimiento de tasas "desproporcionadas" que perjudican a clases medias o grupos como consumidores frente a "posibles abusos de grandes empresas".

El Bloque Nacionalista Galego pone el acento en que la saturación de los juzgados no se debe a una excesiva litigiosidad, sino a la inaceptable falta de medios de los juzgados y tribunales. "La auténtica razón de ser de esta imposición indiscriminada y desproporcionada de las tasas judiciales es exclusivamente recaudatoria", concluye.