Gallardón tacha de "inconstitucional" la descentralización judicial del PSOE y dice que "no va a resolver los problemas"

Gallardón se ha referido al asunto en la sesión de control al Gobierno del Senado, y ante una pregunta del socialista Tontxu Rodríguez sobre la situación de la justicia en el País Vasco. El senador socialista ha aprovechado para criticar la reforma emprendida por el ministro que, según ha dicho, tiene "a todos los operadores de Justicia en contra".

El ministro le ha replicado que puede que tengan a esos "operadores" en contra, pero ha añadido que tienen a cambio a "los ciudadanos a favor". Y que será en cualquier caso una reforma de acuerdo con la Constitución y buscando la igualdad de todos los españoles, a diferencia, según Gallardón, de la propuesta del PSOE presentada ayer por el secretario general de este partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ruiz-Gallardón ha criticado la limitación del papel del Tribunal Supremo que plantean los socialistas, al que sólo llegarían los recursos de unificación de doctrina, descargándose así en los tribunales superiores de justicia de las comunidades la última instancia de todos los recursos. Y ha censurado igualmente que el Consejo General del Poder Judicial pueda quedar como un "órgano sin competencias", a su juicio.

"Ni es constitucional, ni va a resolver los problemas ni desde luego lo va a apoyar el PP", ha sentenciado el ministro.

FALTA DE JUECES EN EUSKADI

En cuanto al asunto original, Tontxu Rodríguez ha asegurado que faltan jueces en Euskadi y que la situación se complica por la imposibilidad de recurrir ya a jueces sustitutos, que emiten el 30 por ciento de las sentencias en el País Vasco.

El senador ha añadido que los juzgados vascos trabajan al 120 por ciento de su capacidad teórica y que "algunos" duplican la carga teórica de trabajo que deberían tener.

El ministro ha respondido que los índices con los que se mide la situación de la Justicia en Euskadi son mejores que en el conjunto del país: 273 asuntos al año por unidad frente a los 539 de media nacional, un 30 por ciento menos de litigiosidad, o cinco meses de respuesta frente a 8,1 meses. "Quizá esto explique que el Gobierno Vasco en los tres últimos años no ha solicitado la creación de ninguna unidad judicial", ha concluido.