Gallardón afirma que los jueces pidieron nuevas tasas para financiar sus pensiones

Durante una entrevista en la cadena COPE, Gallardón ha confirmado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le entregó, poco después de que asumiera su cargo de ministro, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados. En ese documento, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que un juez que ingrese hoy en la carrera judicial tenga garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.

Se trata de "un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos días de tomar posesión", ha explicado Gallardón, que ha recordado que también la Junta de Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas "pedagógicas y disuasorias".

"Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces", sino que se han implantado "única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita", ha aclarado.

"Ahí se ha producido una diferencia, no hemos atendido a la petición que ellos nos hacían sobre el destino de la recaudación de las tasas", ha añadido.

En este contexto, ha rechazado la posibilidad de establecer incentivos en función de los casos de los que se encargue cada juzgado y ha descartado que en el futuro se pueda crear un plan de jubilación para los jueces a cuenta de las tasas. "Rotundamente, no", ha respondido a una pregunta al respecto.

En su opinión, "los jueces y magistrados tienen que tener garantizada su retribución", que es "insuficiente", pero "tiene que ser absolutamente indiferente de la cuantía de los asuntos que estén tratando".

El ministro ha insistido en que las tasas que se les van a cobrar a los litigantes "deben ser para financiar la posibilidad de acudir a la Justicia a los que no tienen recursos económicos, no para incrementar la retribución de ningún tipo de operador jurídico".

"España no puede esperar"

Gallardón ha afirmado que las reformas que ha impulsado son necesarias porque, en la situación actual, "España no puede esperar" y porque la justicia, además de "un derecho fundamental", es "un factor de competitividad importantísimo", en el sentido de que un país debe ofrecer "seguridad jurídica" para atraer inversiones.

Algunos de los cambios introducidos "causan perjuicios directos a algunos colectivos", como el de los jueces, pero "si no abordásemos esta reforma, nos quedaríamos con un sistema obsoleto, ineficiente y que haría perder competitividad al país", ha destacado.

El ministro ha defendido que la política de aumentar la cuantía de las tasas judiciales es "razonable" porque con ellas se financiará "menos del 8 por ciento" de lo que le cuesta la Justicia a los ciudadanos cada año, una cifra "muy por debajo de la media de la Unión Europea", que se sitúa en el 30 por ciento.

Alto nivel de ligitiosidad

Además, ha señalado que en España el nivel de litigiosidad es "verdaderamente insoportable", con 9,5 millones de asuntos judiciales registrados en 2011.

Eso se debe, a su entender, a que "en España muchas veces interesa no cumplir las obligaciones, no atender a las deudas e introducirlas en un pleito que dilate indefinidamente el cumplimiento efectivo de la obligación".

"Tenemos que tener un sistema de justicia que resuelva el conflicto de quien efectivamente tiene razón", ha agregado Gallardón, que ha recalcado que el litigante debe "ser consciente de que introducirse dentro de la vía judicial no puede ser una maniobra dilatoria", al tiempo que ha negado que las tasas tengan "un carácter disuasorio".

Por último, ha reconocido que algunas de las medidas adoptadas son "muy dolorosas" para jueces, magistrados y fiscales, pero ha indicado que, "en un contexto difícil, muchas veces gobernar es repartir dolor".

"El Gobierno es plenamente consciente de que estamos pidiendo sacrificios a todos en general y a los funcionarios en particular", pero "no tenemos más remedio" que hacerlo porque hay que "cumplir el objetivo del déficit", para "salir de la crisis", ha afirmado.

Respecto al coste político que pueden acarrearle las medidas más impopulares, el ministro ha dicho que en la actual situación política "cualquier miembro del Gobierno" piensa más en hacer "las reformas estructurales que necesita el país" que en su "promoción y valoración personal".

En este contexto, se ha descrito como una persona que "escucha a todos los que tienen que manifestar sus criterios", pero ha subrayado que su "obligación como ministro" no es "satisfacer los legítimos intereses" de los operadores jurídicos, sino establecer un sistema jurídico "eficaz" para así "defender los derechos de los ciudadanos".