Gallardón encarga a los registradores que tramiten al año 400.000 expedientes de nacionalidad para acabar con el atasco

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha firmado este lunes un convenio con el Colegio de Registradores por el que otorga a este colectivo la tramitación de 400.000 expedientes de nacionalidad para poner fin a un "problema serio y grave" como es el atasco de las solicitudes y que éstas sean resueltas en el plazo de un año.

La puesta en marcha del Plan Intensivo de Tramitación busca atajar definitivamente el atraso equivalente a dos años y medio que sufre en estos momentos la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia. Actualmente, hay unos 400.000 pendientes de ser tramitados, y cada mes la cifra se incrementa con 10.000 nuevas peticiones.

En los últimos años se ha producido un "notable" incremento en el flujo de llegada de los inmigrantes, muchos de los cuales han ejercido su derecho a solicitar y obtener la nacionalidad española. Ello ha generado "un atasco muy importante" en la resolución de estas peticiones por parte del Ministerio de Justicia.

Según ha explicado Gallardón en una rueda de prensa, celebrada en la sede de su departamento, se resolvían anualmente 120.000 expedientes, mientras que ingresaban cerca de 155.000. "Con los medios del Ministerio se hubiese demorado y acumulado el número de los mismos sin resolver la demora", ha precisado.

Acompañado del decano del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, el responsable de Justicia ha justificado el encargo a este colectivo en su condición de funcionarios públicos y ha agradecido que asuman esta competencia sin "contrapartida económica" alguna. Así, ha señalado que no verán incrementados sus ingresos al no conllevar ningún honorario añadido.

Ha calificado de "importantísima" esta disposición en un "momento de necesidad" para la propia Administración y que se "abre una puerta de colaboración institucional" a favor de un cuerpo "de excelencia", como es el de los registradores.

Dicho esto, Ruiz-Gallardón ha precisado que el Ministerio de Justicia seguirá encargándose de la recepción y la resolución de las solicitudes a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y que además presentará "un nuevo modelo" en el futuro para que no se vuelva a acumular un atraso semejante.

Desde el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, Alfonso Candau ha expuesto que los 1.000 registradores "arrimarán el hombro" para llevar a cabo esta tarea a "buen término y a tiempo". "Hemos hecho las inversiones en medios oportunas para estar a la altura de las circunstancias", ha destacado.

PREVISIÓN MÁXIMA DE UN MILLÓN DE EUROS

El Plan Intensivo de Tramitación apuesta también por abandonar el papel para estas solicitudes. Contempla la logística y el traslado de los expedientes en papel a nuevas dependencias habilitadas al efecto, ya que los actuales archivos se han visto "completamente sobrepasados".

Además, se llevará a cabo una "digitalización masiva" de todos los expedientes para convertirlos en documentos electrónicos, se creará un sistema de archivo electrónico para evitar el "colapso" de las dependencias, se desarrollará con "urgencia" la infraestructura tecnológica necesaria para su tramitación electrónica, se creará una red de comunicación para completar los expedientes con toda la documentación precisa para su resolución y se adscribirá el personal suficiente para proceder a su tramitación en el plazo de un año.

Esta actuación se enmarcará en el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio y la entidad pública empresarial Red.es para la puesta en marcha del programa 'Registro Civil en Línea', que permitirá el traslado, la digitalización y la grabación de los expedientes de nacionalidad. Estos tres conceptos serán soportados con cargo al presupuesto del propio Ministerio, con una previsión máxima de 1.101.000 euros.