Garzón se puede enfrentar a 20 años de inhabilitación por prevaricación

Así lo ha comunicado el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, que calcula que tras la resolución adoptada por el instructor del caso de dar por concluida la investigación el juicio podría celebrarse en un plazo no superior a dos meses.

Sobre la eventual suspensión cautelar de Garzón por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bernad señaló que este órgano debería actuar de forma automática en este sentido "en cuanto les llegue el auto del juez Varela", y no esperar al Pleno que tiene previsto celebrarse el próximo día 24.

La decisión de Varela es, a juicio de Bernad, "algo muy bueno para la credibilidad del sistema, de nuestro Estado de Derecho y de las instituciones", pues significa que "nadie está por encima de la ley".

Añadió que quería dejar claro que este procedimiento no debe ser entendido como un proceso contra Garzón por tratar de abrir un proceso inquisitorial contra el franquismo. "Se trata de que un juez, a sabiendas, ha dictado resoluciones contrarias a derecho, y este es un comportamiento delictivo", añadió.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá sobre la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la sesión plenaria que está prevista para el próximo 22 de abril.

Causas contra Garzón

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela resolvió este miércoles proceder penalmente contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación. Este lo habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo.

El auto, contra el que cabe recurso de apelación, da diez días a las partes para que presenten escrito de acusación contra el juez y soliciten la apertura del juicio oral.

La resolución supone el inicio de los trámites de preparación del juicio, al poner fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados en prisión. RSO