El Gobierno de Canarias exige al Estado "compromisos reales" en la lucha contra la violencia de género

Así lo ha señalado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se celebró hoy en Madrid bajo la presidencia de la ministra Ana Mato, donde Hernández Spínola insistió en que esta estrategia "no es más que un compendio de acciones puestas en marcha por las CCAA con pocas medidas novedosas, aportación o asunción de compromiso por parte del Gobierno".

El consejero valoró la intención del Ministerio de contar con una estrategia común para todas las autonomías, pero, en su opinión, "no puede quedarse sólo en una declaración de intenciones en la que el Ministerio delega la responsabilidad de la gestión y ejecución en las comunidades autónomas".

Hernández Spínola también criticó la escasez de propuestas novedosas de la Estrategia y la incoherencia que el Gobierno refleja en su contenido. "Las pocas novedades ofrecidas se presentan de una forma tan ambigua que no aclarara cómo, ni quién, ni con qué recursos se va a promover su puesta en marcha", subrayó.

No obstante, considera que el documento podría servir de base para un trabajo "más profundo y detallado", en el que "de verdad" se cuente de forma activa y directa con la participación de las comunidades autónomas, una participación que, a su juicio, "no ha existido en la elaboración de este primer documento".

"Si se abre este texto a una participación e implicación real de las autonomías, la Estrategia Nacional puede convertirse en el punto de partida para promover y alcanzar de un gran acuerdo social para la erradicación de la violencia de género", indicó el consejero.

REDUCCIÓN DE RECURSOS

Francisco Hernández Spínola cuestionó también la progresiva reducción de recursos económicos para violencia género por parte del Estado, que ronda este año el 20%, y la situación de los menores en entornos de violencia de género.

"Es imprescindible aumentar la seguridad de los menores ante el aumento de casos en los que hijos e hijas están siendo las víctimas directas de la violencia de los hombres, que los utilizan como medio para hacer más daño a las madres", explicó.

Desde su punto de vista, "la Administración y el poder Legislativo no deben quedarse de brazos cruzados mientras está tendencia sigue consolidándose", por lo que considera oportuno promover una modificación legislativa que facilite retirar la custodia o el régimen de visitas a los padres condenados por violencia de género.

"Hay que abordar una reforma más detallada que debería afectar al menos a cinco leyes para reforzar la seguridad de los menores que se ven inmersos en situaciones de violencia de género en sus hogares", aclaró el consejero.