El Gobierno de Chile negociará con los mapuches para resolver el conflicto

En la víspera del bicentenario de Chile y en presencia de sus cuatro antecesores, Piñera escogió un acto de gran solemnidad para realizar este anuncio: el izamiento de una gigantesca bandera nacional frente al Palacio de la Moneda.

La negociación empezará la próxima semana, tras las fiestas del bicentenario, con la participación de dos ministros, delegados de las comunidades mapuches y representantes de organizaciones sociales y religiosas.

"Tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios y, particularmente, con el pueblo mapuche", manifestó Piñera tras anunciar un programa económico y social denominado Plan Araucanía cuyo objetivo es "mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo" de los indígenas.

La mesa de diálogo se constituirá en el cerro Ñielol de Temuco, en pleno corazón de la Araucanía, donde se concentran las mayores bolsas de pobreza y retraso de todo el país.

Hasta allí se desplazarán el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, y el de Planificación, Felipe Kast, con el encargo presidencial de encontrar soluciones "antes de que termine este año" a un conflicto que se remonta a finales del siglo XIX, cuando tras la llamada "pacificación de la Araucanía" los mapuches perdieron el 95 por ciento de sus tierras.

Desde entonces las comunidades reivindican las tierras de sus ancestros, hoy en manos de latifundistas y empresas madereras. Algunas, las más radicalizadas, han protagonizado acciones violentas contra la propiedad privada y se han enfrentado a la policía.

Para aplacar los disturbios en la Araucanía, donde vive la mayor parte del medio millón de mapuches chilenos, los sucesivos gobiernos desde el restablecimiento de la democracia, en 1990, han aplicado la ley antiterrorista y el código de justicia militar, con figuras como la de los "testigos protegidos".

En virtud de esta legislación, los acusados pueden permanecer hasta dos años en prisión preventiva sin que sus abogados tengan acceso a los testimonios incriminatorios.

Esto motivó que 32 presos mapuches de las cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaran el pasado 12 de julio una huelga de hambre que el Gobierno de Sebastián Piñera considera "ilegítima".

A pesar de ello, el presidente envió semanas atrás al Congreso dos proyectos de ley para modificar una legislación que actualmente, según los presos mapuches, cercena su derecho a un debido proceso y desemboca en la aplicación de penas más duras que las tipificadas en la justicia ordinaria.

Una de estas iniciativas, la que modifica la ley antiterrorista, ya fue aprobada en el Senado y por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Aunque desde que comenzó la huelga de hambre, el Gobierno ha sostenido que no negociaría bajo presión, Piñera declaró a Televisión Nacional de Chile que su administración escuchará a los comuneros, "pero también a las víctimas del terrorismo".

"Hemos impulsado un reencuentro histórico con el pueblo mapuche para valorar, querer y desarrollar su identidad, su idioma, sus costumbres y su cultura, porque son parte fundamental de la identidad de nuestra nación", enfatizó Piñera al anunciar hoy la mesa de diálogo.

El ministro Larroulet, uno de los delegados gubernamentales, explicó que el objetivo es "implementar, desarrollar y perfeccionar un plan en la Araucanía que permita darle a los pueblos originarios la dignidad que se merecen".

"Esta mesa busca profundizar en el diálogo y las demandas que tienen millones de chilenos de nuestros pueblos originarios", agregó el otro representante del Ejecutivo, el ministro Felipe Kast, quien puntualizó que su cometido principal no es la reforma de la ley antiterrorista.

Para mediar con los presos mapuches, el Ejecutivo pidió esta semana ayuda al obispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien aceptó el encargo.

Por el momento se desconoce si el anuncio hecho hoy por el presidente pondrá fin al ayuno de los comuneros.

"Esto está en pleno desarrollo, habrá que ver qué pasa en los próximos días", dijo a Efe el presidente de la Agrupación Liberar, Fernando Lira.

"La opinión de los familiares y de los voceros es la más importante, más que la de los políticos; por eso hay que saber qué opinan ellos", precisó el dirigente de esta ONG que trabaja con las comunidades mapuches.

En breve el Gobierno chileno tiene que dar cuenta del avance en el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal instrumento de derecho internacional en la defensa de los pueblos indígenas y sus territorios.

Además, el próximo miércoles Piñera se reunirá en Nueva York con el director general de la OIT, Juan Somavía, y al día siguiente participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas.