El Gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios

Ley de Segunda oportunidad

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,ha anunciado que se ha dado luz verde al Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, conocida como Ley de Segunda Oportunidad, con la que se trata de "solventar la insolvencia de los particulares". Se trata de que el sistema tenga "mecanismos para conseguir que las personas físicas, las familias, puedan superar la situación de endeudamiento". "Este proceso de perdón de deuda es posible porque la situación del sistema financiero español es mucho mejor", ha indicado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado extender en dos años, hasta 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales, es decir, desahucios, de colectivos especialmente vulnerables, que vencía en el mes de mayo. Así, el Ejecutivo flexibiliza los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios e incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM).

Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. También se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de 60 años.

Se trata de conseguir una "conciliación de intereses de acreedores y deudores" porque "el exceso de endeudamiento llevaba a que el deudor estuviera estigmatizado", ha señalado De Guindos.

El Gobierno también ha decidido elevar el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros -250.000 euros para la dación en pago-, cuando antes estaba establecido en 250.000 euros.

Finalmente, se amplían las medidas a las que se pueden acoger los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas. En concreto, se elimina la aplicación de las cláusulas suelo a los deudores situados en el nuevo umbral del código.

Medidas laborales

El Consejo de Ministros ha aprobado también la nueva rebaja de cotizaciones para contratos indefinidos, que ahorrará hasta un 70% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y será compatible con la ayuda de 300 euros de la Garantía Juvenil para contratos fijos y con la prestación de 426 euros para parados de larga duración.

Sáenz de Santamaría ha recordado que esta medida consiste en exonerar a las empresas de pagar cotizaciones por los primeros 500 euros del salario de un trabajador al que contraten de manera indefinida. La vicepresidenta ha destacado que el ahorro en cotizaciones será mayor para los salarios más reducidos, de forma que podrá alcanzar hasta el 70% en los tramos retributivos más bajos, mientras que para los sueldos mileuristas será del 50% y para los salarios más elevados, los de base máxima, el recorte de cuotas será del 14%.

Para beneficiarse de esta rebaja de cuotas, las empresas tendrán que mantener el empleo al menos durante 36 meses. De lo contrario, tendrán que devolver lo ahorrado. Esta medida estará vigente durante 18 meses y convivirá durante su primer mes con la tarifa plana de 100 euros para contratos indefinidos, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de marzo.

Así, durante el mes de marzo, las empresas podrán elegir entre ambas modalidades, en función de cuál le resulte más beneficiosa, pero a partir de abril sólo estará vigente la nueva rebaja, con la que se pretende corregir la falta de progresividad de la tarifa plana de 100 euros.

El Gobierno ha asegurado que la medida beneficiará, sobre todo, a los trabajadores "más vulnerables", es decir, aquellos sin experiencia, sin formación, que llevan tiempo en el paro o en quienes se concentra en mayor medida la temporalidad y el desempleo.

La norma aprobada este viernes incluye además una bonificación del 100% en la cotización de los trabajadores autónomos durante un año en el caso de que tengan que dedicarse al cuidado de hijos menores de siete años y personas dependientes, siempre que contraten a un trabajador que lo sustituya. Según Sáenz de Santamaría, ello supondrá un ahorro de 3.000 euros anuales.

Cheques familia

Las familias monoporantales con, al menos, dos hijos y los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad serán también beneficiarios del cheque familia, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.

La medida, consistente en un impuesto negativo o "cheque familiar" se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, por lo que las familias que, con la reforma de las condiciones de acceso a las ayudas, tengan derecho a esta dotación, podrán solicitarla a partir de esta fecha. "Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares acumulables entre sí", ha explicado Sáenz de Santamaría.

ONG y asociaciones

Las ONG y las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan una actividad económica menor a 50.000 euros estarán excluidas de la obligación de declarar por el impuesto de sociedades, según Sáenz de Santamaría. Además, ha subrayado que la exclusión de la obligación de tributar por este concepto se aplica de forma retroactiva a estas entidades desde el 1 de enero de 2015.

Ley Orgánica del Poder Judicial

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial,el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que se suprimen las tasas judiciales para todas las personas físicas en todas las instancias y en todos los órdenes.

la reforma incluye un aumento a siete del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva.

De este modo, y tan sólo después de año y medio después de ser aprobada en junio de 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón en la cartera de Justicia, el Gobierno "autoenmienda" su propia reforma de la LOPJ, que fue la que modificó la constitución y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y redujo el número de miembros del mismo con dedicación exclusiva. La reforma está además recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La nueva norma incorpora, además, mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales. Así, jueces experimentados en su materia podrán prestar asesoramiento a otros instructores que lleven causas de especial complejidad en su tribunal.

Se centra especialmente en la introducción de modificaciones en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, en concreto, a fin de buscar un "equilibrio" entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se extenderá la jurisdicción de estos órganos a dos o más partidos judiciales.

PIVE 7

El Consejo de Ministros ha aprobado también la séptima edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con una dotación presupuestaria de 175 millones de euros y que cuenta con sensibles modificaciones en comparación con los programas anteriores.