El Gobierno responde a la Generalitat de Cataluña que los certificados de profesionalidad son competencia estatal

El motivo del requerimiento se basa en la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal de determinadas funciones ejecutivas sobre la formación profesional de los trabajadores dirigidas a la obtención del certificado de profesionalidad, en los supuestos en que la formación se imparta mediante la modalidad de teleformación, que Cataluña estima de su competencia.

En su respuesta, el Consejo de Ministros considera que la regulación debe ser competencia de un órgano estatal, en concreto del Servicio Público de Empleo Estatal, para garantizar la accesibilidad de la teleformación a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan.

Asimismo, afirma que las propias características de la teleformación, cuando se desarrolla desde una plataforma específica potencialmente accesible desde un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, hacen que esté abierta a cualquier usuario que quiera acceder a la misma, independientemente de su residencia y sin que exista límite territorial a la actuación de los centros que impartan esta modalidad de formación.

La normativa estatal reguladora, de competencia exclusiva del Estado, parte a su vez de la consideración de que la oferta de teleformación en este ámbito ha de posibilitar el acceso a la misma en el ámbito estatal, en coherencia con la no vinculación territorial de esta modalidad de formación y con la finalidad de garantizar una oferta homogénea y coherente para todo el Estado que permita a los ciudadanos que lo deseen el acceso a estas actividades.