El Gobierno de Kenia cumple un año acosado por las acusaciones de corrupción

Kofi Annan ex secretario general de la ONU y mediador en el conflicto del pasado año ha señalado, en un comunicado difundido hoy, en el que valora el primer año del Gobierno de coalición, que "si Kenia quiere evitar un nuevo episodio de violencia, las raíces de la crisis deben ser eliminadas".

"Los kenianos se sienten frustrados por el lento camino hacia la paz", recalca Annan, un camino que debe incluir la "reforma de la constitución, de las instituciones y de la política de tierras".

Además, el ex responsable de la ONU recalca la "necesidad de crear más puestos de trabajo para jóvenes, igual acceso a las oportunidades, promover la armonía étnica y acabar con la cultura de la impunidad" para los corruptos y delincuentes.

Dentro del propio Gobierno también hay voces críticas, como la de Ben Musau, miembro de la Comisión de Reforma Electoral, quien dijo a Efe que "la coalición no ha sido capaz de manejar los retos que afrontaba, como revisar la Constitución o crear un tribunal local que juzgue a los culpables de la violencia postelectoral".

La creación de un tribunal local fue una de las condiciones que la Comisión de Investigación Postelectoral, formada por jueces, políticos y representantes de la sociedad civil, impuso al Gobierno para evitar traspasar el caso al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya.

Aunque el Parlamento votó recientemente en contra de su constitución, Annan concedió a Kenia el pasado 18 de febrero un nuevo periodo de dos meses para que la Cámara cree el tribunal.

De no ser así, el sobre con los nombres de los supuestos instigadores de la violencia postelectoral, identificados por la Comisión, entre los que se encuentran al menos seis ministros y cinco parlamentarios en activo, que no han sido publicados, pasaría al TPI.

"La duración del Gobierno depende de qué nombres estén en ese sobre. Si el presidente Mwai Kibaki, el primer ministro Raila Odinga o alguno de sus hombres fuertes están en la lista, la coalición desaparecerá", añadió Musau.

El escándalo más reciente surgió el pasado miércoles, cuando Philip Alston, experto de la ONU en asesinatos extrajudiciales, acusó a la Policía y a algunos políticos de formar "escuadrones de la muerte que cometen crímenes de forma sistemática y organizada".

Alston reclamó la dimisión del jefe de la Policía Nacional, Mohammed Hussein Ali, y del Fiscal General, Amos Wako, además de instar al Gobierno a que se apresure en la formación del tribunal para "combatir la impunidad".

Trece embajadores en este país del este de África secundaron las peticiones de Alston y exhortaron al Gobierno a que acepte sus recomendaciones para "evitar el riesgo de un nuevo episodio de enfrentamientos como los del pasado año".

La crisis que llevó a la formación del Gobierno de colación se inició a raíz de las últimas elecciones generales, celebradas el 27 de diciembre de 2007, cuando la oposición, liderada por Odinga, denunció un fraude en la reelección de Kibaki como presidente.

Después de casi dos meses de enfrentamientos de carácter étnico azuzados por sus líderes, que causaron más de 1.500 muertos y 400.000 desplazados, Kibaki y Odinga se coaligaron el 28 de febrero de 2008, en un pacto auspiciado por Annan y la ex secretaria de estado de EEUU Condoleezza Rice.

Un año después, en medio de polémicas el país sigue sumido en la miseria, con cerca de un 60 por ciento de su población sobreviviendo con menos de dos dólares al día.

Además el Gobierno está salpicado por diversos casos de corrupción, uno de los más bochornosos el que implica al Ministerio de Agricultura en la venta ilegal de las reservas de maíz, producto esencial de la alimentación keniana y cuya distribución se ha reducido en los últimos meses.

Además, la prensa local publicó recientemente que una cantidad de gasolina valorada en 100 millones de dólares desapareció de los depósitos gubernamentales durante el pasado año, algo de los que tampoco han respondido los responsables del ejecutivo de coalición.