Gobierno balear pide dos años y diez meses de cárcel para Matas por tráfico de influencias y fraude en Son Espases

Así lo ha solicitado la Abogacía de la Comunidad --organismo que depende de la Conselleria de Presidencia-- en su escrito de acusación.

La Abogacía, personada como acusación particular, también pide para el ex presidente una inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa del duplo del beneficio perseguido con el delito, cuya cuantía se determinará en función de la prueba que se practique en el juicio.

Para el resto de los acusados, reclama dos años y un mes de prisión para la ex consellera de Salud, Aina Castillo; dos años y diez meses para el ex director general del IbSalut, Sergio Bertrán; y un año y seis meses para el empresario Jesús Peinado, propietario de Global PM Consultores SL.

Los hechos tienen su origen en el concurso para la concesión del Hospital Son Espases, tramitado por el IbSalut en la legislatura 2003-2007. En concreto, afectan tanto al procedimiento para la construcción, explotación y conservación del nuevo hospital como la adjudicación del contrato de consultoría para el soporte en las tareas de análisis y evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas.

La Abogacía acusa a Matas haber ordenado manipular el concurso a través de Castillo, Bertrán y el presidente de la mesa de contratación, ya fallecido.

La oferta de OHL superaba a la de FCC en la parte técnica pero la segunda superaba a la primera en la económica, con una diferencia de cien millones de euros. Según la acusación particular, Matas ordenó a Castillo que diera las instrucciones oportunas para que la licitadora adjudicataria del concurso fuese OHL.

Siguiendo con el relato de la Abogacía, antes de que se reuniese la Mesa de Contratación en la que debía analizarse un informe de valoración de Global PM Consultores, Matas citó a Castillo en la cafetería del gimnasio MegaSport, donde le entregó un sobre con los argumentos técnicos para motivar la adjudicación a favor de OHL.

Este sobre debía llegar a la consultora Global PM, a la que el ex presidente también había ordenado contratar para evaluar las ofertas y así "ostentar un control directo sobre el desarrollo del procedimiento del concurso del Hospital Son Espases y poder, en su caso, intervenir en su resultado", según el escrito de acusación.

En su informe, la consultora otorgó mayor puntuación a la oferta de OHL, lo que la situaba en situación de ventaja frente al resto de licitadores.

No obstante, tras la solicitud de un dictamen al Consell Consultiu y la emisión de los informes de los Colegios Oficiales de Economistas y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la entidad adjudicataria del contrato finalmente resultó ser la UTE formada por Dragados y FCC. OHL impugnó el acuerdo pero el Juzgado desestimó su demanda.

La Abogacía también pide la restitución de la cantidad abonada por el IbSalut a Global PM, 29.500 euros más los intereses, conjunta y solidariamente entre todos los acusados.