Los consejeros del Gobierno de Melilla imputados en la "Operación Tosca" se sienten víctimas de la "pena de telediario"

En rueda de prensa, Conesa y Calabuig han lamentado lo que han llamado "condena de telediario" después de que su presunta vinculación con esta operación que investiga la UCO de la Guardia Civil, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, haya sido noticia a nivel nacional.

Conesa ha reprochado la "condena pública" que han sufrido por su imputación en lo que consideran "unos fallos administrativos" en los que, en su opinión, no existen delitos y han negado que se hayan "amañado" contratos públicos con empresas privadas. "Yo no he amañado nunca, ni jugando al parchís", ha manifestado.

El también vicepresidente segundo de la Ciudad y portavoz el Gobierno, además de consejero de Economía y Hacienda, ha admitido que podría haber pensado en "arrojar la toalla" por este tipo de situaciones, si bien ha dicho que no piensa hacerlo porque "supondría una pequeña victoria" entre aquellos que dijo "quieren derribar al Gobierno de la Ciudad".

CONFIANZA EN LOS FUNCIONARIOS

El titular de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, ha puesto el énfasis en la confianza que tienen en los funcionarios bajo sus respectivas áreas y está convencido de su inocencia, después de que varias de ellos estén entre las 35 personas supuestamente implicadas en esta intervención que se inició a finales del año 2012.

Esta actuación ha contado con la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas las empresas. "Tengo plena confianza en todos los trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente" ha recalcado su titular.

Tanto Daniel Conesa como José Ángel Pérez Calabuig serán llamados a declarar en estos días por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla después de que el martes la Guardia Civil detuviera a 15 personas, de ellas diez en Melilla, dos en Madrid, dos en Málaga y una en Gran Canaria, y otras 20 personas fueron imputadas, en la denominada "Operación Tosca".

En concreto, el titular de dicho juzgado, el magistrado Francisco Ramírez Peinado, pretende determinar si en la adjudicación de los contratos a empresas como Eulen-Seguridad, Himosa y Hispanagua, hubo "connivencia" entre representantes de las empresas y responsables de la Ciudad Autónoma, "dando lugar a la obtención de de beneficios recíprocos en perjuicio del erario público".

En los "próximos días" el juez irá citando para escuchar sus declaraciones a tres consejeros (el de Economía y Hacienda, el de Medio Ambiente y el de Seguridad Ciudadana) y técnicos de estas consejerías, que no fueron detenidos el martes pero a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho.