El Gobierno pide a Moldavia la extradición de un empresario fugado relacionado con Emarsa

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha solicitado hoy a Moldavia la extradición del empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper para enjuiciarle en España como presunto responsable de un delito agravado de malversación de caudales públicos, cuatro contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Roca Samper fue detenido el pasado 11 de junio en Moldavia. Está acusado de haberse apoderado, en concierto con directivos de la sociedad pública Emarsa, de más de 23 millones de euros de dinero público mediante la confección de facturas falsas emitidas por sus empresas entre 2005 y 2010.

Al deducirse estas facturas en las declaraciones del IVA, la Agencia Tributaria le devolvió más de 120.000 euros en cada ejercicio fiscal. También será juzgado por otro delito contra la Hacienda Pública como administrador único de una sociedad sin actividad que, con la complicidad de directivos de la sociedad Notec, emitió facturas por valor de 667.300 euros sin contraprestación de servicio. Notec dedujo gastos de esas facturas lo que le permitió defraudar al erario público 251.847 euros.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del caso, solicitó la extradición después de que el empresario desapareciera de España tras destaparse el fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo.

La titular de este juzgado, encargado de investigar un agujero millonario --cifrado en 23.766.765,50 euros-- en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia)-- ya ha fijado juicio por la causa principal, con 25 acusados, para primeros de noviembre.

Roca figuraba como administrador de empresas dedicadas a la gestión de lodos que supuestamente fueron interpuestas en la cadena de facturación entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos, hasta el punto de que Emarsa abonó una cifra que supera en más de 10 millones de euros lo que costaba realmente el servicio. En concreto, el empresario era el administrador de Etwas Eigentlich; Erwinin; Zonday Investments; Agrolemos YN; Samperini y Printergreen.

Tras su arresto en Moldavia, la jueza acordó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, a los solos efectos de su extradición a España, para su puesta a disposición de este juzgado y declare como imputado. Recordaba que Roca abandonó España en el año 2008, y se estableció en Francia, país en el que residió junto a su mujer y su hija hasta septiembre de 2010. En este destino llevó a cabo una actividad empresarial por la que se encuentra investigado por el Tribunal de Gran Instancia de Burdeos, como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Durante ese mismo periodo de tiempo, entre 2008 y 2010, constituyó una empresa en Malta y adquirió otra mercantil de nacionalidad panameña en el Principado de Andorra. En este último país también se encuentra investigado por otro delito de blanqueo.

Tras su desaparición en septiembre de 2010, se ha tenido constancia de su posible paradero a través de los movimientos de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre o al de sus empresas al detectarse salidas de fondos, entre otros países, a Rumanía, China y Bulgaria. Por otro lado, en septiembre de 2012 su pareja sentimental, María Águila Aladren, en compañía de sus hijos menores, regresó a España procedente de Rumanía, para ponerse a disposición del juez.

EXTRADICIÓN A EEUU

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la entrega a Estados Unidos del ciudadano indio Sohail Kaskar, acusado de ser el jefe de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y de armas. La Audiencia Nacional accedió a su extradición el 4 de abril de 2015 y el pasado mes de mayo consideró suficientes las garantías aportadas por Estados Unidos de que la condena que se le imponga no podrá ser de por vida.

Las autoridades norteamericanas sostienen en su petición que, desde abril a junio de 2014 en Barcelona y Dubái, entre otros lugares, el acusado mantuvo reuniones con personas que trabajaban para el Departamento Antinarcóticos de EEUU (DEA) que se hacían pasar por representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de adquirir heroína y armas para derribar aviones estadounidenses en dicho país.