El Gobierno autoriza a Serafín Castellano a ejercer la abogacía y a José Joaquín Ripoll a fichar por una empresa

Castellano, cesado el pasado mes de mayo e investigado en la causa sobre un presunto 'cartel del fuego' de amaño de contratos, fue autorizado el pasado 21 de diciembre a ejercer la abogacía por cuenta propia. Castellano se dedicaba a la política desde 1991, cuando fue elegido alcalde de Benisanó (Valencia) y fue diputado autonómico del PP desde ese año hasta 2014, año en que fue nombrado delegado del Gobierno.

Ripoll, por su parte, está procesado en la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

El ex político 'popular' --está suspendido de militancia-- fue cesado de su puesto de presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante en diciembre de 2014 y ocho meses después se le autorizó a fichar por el bufete Leopoldo Pons Abogados y Economistas. El pasado 16 de diciembre recibió el visto bueno para trabajar en la empresa Consultoría Avanzada de Hosting, con sede en Alicante.

El Gobierno aprobó también en diciembre el visto bueno para que Pablo Landecho Campos, ex jefe de gabinete de Francisco Camps, fiche por Business Initiatives Consulting, del grupo Broseta Abogados. Landecho necesitaba autorización porque hasta mayo de 2015 fue director general del Consorcio Valencia 2007.

En diciembre de 2015 también se autorizó a Jesús Prieto, ex director general de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas, a trabajar en el Estudio Jurídico Gabeiras & Asociados.