El Gobierno recurrirá al TC la candidatura de Puigdemont pese a que el Consejo de Estado discrepa sobre el momento

El citado órgano consultivo ha enviado esta tarde al Ejecutivo los informes que le ha solicitado tanto para llevar al TC la candidatura de Puigdemont firmada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, como sobre otros aspectos del proceso.

El Consejo se ha reunido de forma extraordinaria y ha respondido al Gobierno que avala los argumentos jurídicos planteados pero discrepa sobre el momento de llevar el recurso al TC.

Su informe es preceptivo, es decir, que es obligatorio que el Ejecutivo lo solicite antes de acudir a los tribunales, pero no es vinculante, por lo que las mismas fuentes han confirmado que el Ejecutivo sigue adelante con su intención de presentar el recurso contra la candidatura de Puigdemont, firmada el 22 de este mes por Torrent y publicada en el Boletín de la Generalitat al día siguiente, el 23 de enero.

Tanto el martes como el miércoles, el Gobierno ha explicado que no veía recurrible la firma de la propuesta de candidatura, aunque no cerraba la puerta a acudir al Constitucional; lo aseguró primero el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y también el propio presidente, Mariano Rajoy.

Hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la intención de impugnar ese paso del presidente del Parlament y la petición previa de informe al Consejo de Estado, que ha resultado no ser coincidente con el criterio del Ejecutivo sobre el momento del recurso.

La intención del Gobierno, según ha anunciado la vicepresidenta, es impugnar la resolución del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, del pasado 22 de enero en la que propone a Puigdemont como candidato y que fue publicada al día siguiente en el Boletín de la Generalitat.

Santamaría ha añadido que se impugna la candidatura por entender que Puigdemont está "huido" de la Justicia y hay una orden de detención contra él, por lo que "no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial".

"Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial", ha abundado Santamaría.